El Partido Acción Nacional presentó una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República contra el actual secretario de Economía, Marcelo Ebrard, y la exembajadora en Reino Unido, Josefa González Blanco Ortiz Mena, por el presunto uso indebido de la residencia oficial de la embajada en Londres.
La acción fue promovida por el diputado panista Marcelo Torres Cofiño, quien el pasado 20 de abril interpuso recursos legales tanto en el ámbito penal como administrativo. En la denuncia se señalan posibles delitos como ejercicio ilícito del servicio público, abuso de autoridad, peculado y encubrimiento.
De manera paralela, el PAN también presentó una queja ante la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno por presuntas faltas graves, entre ellas abuso de funciones, tráfico de influencias y uso indebido de recursos públicos.
El caso se originó tras la difusión de una investigación periodística que reveló que Marcelo Patrick Ebrard Ramos, hijo del entonces canciller, habitó durante aproximadamente seis meses —entre octubre de 2021 y abril de 2022— la residencia oficial de la embajada de México en Londres, ubicada en Belgrave Square, una de las zonas más exclusivas de la capital británica.
De acuerdo con la información difundida, durante su estancia el joven, quien cursaba estudios de posgrado, habría contado con servicios proporcionados por el personal diplomático, como limpieza, lavandería y cocina. El costo estimado de una renta en esa zona oscila entre 80 mil y 115 mil pesos mensuales.
El propio Ebrard confirmó la estancia de su hijo el pasado 16 de abril, al señalar que se trató de una invitación por parte de la entonces embajadora González Blanco, quien no ha emitido una postura detallada sobre el caso.
En su denuncia, la bancada panista solicitó a la FGR la comparecencia de los involucrados, el requerimiento de información a la Secretaría de Relaciones Exteriores y la revisión de bitácoras y registros administrativos de la embajada.
El PAN argumentó que la residencia diplomática es un bien del Estado mexicano destinado exclusivamente a funciones oficiales, por lo que su uso para fines particulares podría constituir una violación a la normativa vigente.
GR
