Para combatir el problema de los acaparadores de viviendas que las mantienen deshabitadas, con fines de especulación financiera, la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y Gestión del Agua del Congreso aprobó añadir tres artículos a la Ley de Hacienda Municipal, para imponer un recargo al impuesto predial del 50% sobre inmuebles de uso habitacional desocupados.
La iniciativa fue propuesta por la diputada de Futuro, Mariana Casillas, y recibió el voto favorable de las legisladoras Candelaria Ochoa, de Morena y Valeria Ávila, de Hagamos, así como de Martín Franco, de Morena. No asistieron los diputados de MC, Omar Cervantes y Gabriela Cárdenas.
El cobro de una cuota para las viviendas deshabitadas, es para quien tiene cinco o más propiedades, en esa condición, dijo Mariana Casillas.
“Sabemos que esto es una urgencia, porque nos preocupa mucho el déficit de vivienda que hay en el estado, sobre todo para las personas en situación de vulnerabilidad y muchas veces estas viviendas que están en condiciones de habitabilidad pero está cero ocupada, no está ocupada por un proceso de especulación inmobiliaria que utilizan quienes acaparan la mayoría de las viviendas en el estado de Jalisco. Este impuesto es exclusivamente para los grandes acaparadores de vivienda que tienen casas en condiciones de ser habitadas, pero no las utilizan de esa forma. Lo que queremos es que salgan al mercado, que salgan a la renta estas viviendas que no están ocupadas”, dijo.
En la misma sesión, se aprobó una iniciativa del diputado de MC, Omar Cervantes, para crear el Registro Estatal de Vivienda, que debe elaborar el Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi).
“Parte de esta iniciativa que va en conjunto con ideas y estas propuestas que hace el diputado Omar, es poder crear un Registro Estatal de Vivienda, a cargo del Instituto Jalisciense de la Vivienda (Ijalvi) que era algo que ya en varias iniciativas nosotros habíamos precisado, pero creemos justamente que si estas ideas se comparten y pueden salir en conjunto, adelante, le vamos a dar, porque es necesario saber cuántas viviendas deshabitadas tenemos en el municipio”, explicó.
El principio de la sanción a quienes tiene viviendas desocupadas es que “no puede haber casas sin gente y gente sin casa”.
La reforma debe aprobarse aún en el pleno del Congreso.
NH










