La presidenta de la organización civil Causa en Común, María Elena Morera, afirmó que la participación de agentes estadounidenses en México ha sido efectiva en materia de inteligencia, particularmente tras el desmantelamiento de narcolaboratorios en Chihuahua, aunque advirtió graves fallas estructurales en el Estado mexicano.
La activista señaló que estos laboratorios no eran improvisados, sino instalaciones de gran escala operadas por el crimen organizado. En ese sentido, cuestionó a las autoridades federales, porque es preocupante que no tengan conocimiento, o que no actúen, si saben que esto existe.
Destacó que la cooperación entre México y Estados Unidos se da principalmente en inteligencia, más que en presencia militar directa. Consideró que, más allá del ruido mediático, este tipo de colaboración debería institucionalizarse para aprovechar capacidades tecnológicas en la detección de estructuras criminales.
Asimismo, criticó la postura del gobierno federal, encabezado por Claudia Sheinbaum, al advertir contradicciones en el discurso sobre la soberanía. Afirmó que esta se ve comprometida cuando el Estado no tiene control efectivo del territorio. Añadió que el caso evidenció problemas de coordinación y vacíos legales derivados de reformas como la ley de seguridad nacional impulsada en 2020 por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador.
Respecto a la renuncia del fiscal de Chihuahua, la activista consideró que se trató de una decisión política que no resuelve el problema de fondo. Subrayó que lo central es esclarecer quién autorizó la participación de agentes extranjeros, cómo se coordinó la operación y qué instancias tenían conocimiento, ya que, sin esa claridad, las acciones responden más a presión mediática que a una solución institucional.
En el plano internacional, María Elena Morera advirtió que la relación con Estados Unidos muestra una dinámica en la que México reacciona más de lo que propone, lo que reduce su margen de maniobra frente a presiones externas. También mencionó reportes de medios estadounidenses sobre posibles investigaciones hacia políticos mexicanos presuntamente vinculados al crimen organizado, señalando un doble rasero por parte del gobierno federal al proteger a ciertos actores y atacar a otros.
Finalmente, calificó como una tragedia humanitaria la crisis de desapariciones en México, con más de 130 mil casos acumulados. Criticó la falta de capacidad institucional para atender a las víctimas y la negativa del gobierno a aceptar cooperación internacional, como la ofrecida por organismos de la ONU. Aseguró que el país no puede sentirse orgulloso de la respuesta oficial ante una crisis de tal magnitud.
GR
