La Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos del Congreso del Estado de Jalisco dio luz verde a una reforma que busca poner bajo la lupa el fenómeno de las viviendas deshabitadas en la entidad, al aprobar un dictamen que modifica la Ley Orgánica del Instituto de Información Estadística y Geográfica estatal.

Impulsada por la diputada Mariana Casillas Guerrero, la iniciativa da un paso clave al establecer, por primera vez en la legislación local, una definición jurídica de “vivienda deshabitada”: inmuebles con condiciones de habitabilidad que permanecen vacíos por más de un año sin causa justificada. Este concepto permitirá homologar criterios y evitar discrecionalidad en la medición del problema.

El dictamen no se queda en la definición. También amplía las facultades del Instituto para generar diagnósticos específicos sobre la situación de la vivienda, particularmente en zonas metropolitanas, donde el crecimiento urbano desordenado y la existencia de casas abandonadas se han vuelto un reto estructural. Con ello, se busca que la planeación territorial deje de basarse en estimaciones y avance hacia decisiones sustentadas en evidencia.

En la exposición de motivos se advierte que Jalisco enfrenta una paradoja: miles de viviendas sin ocupar conviven con necesidades habitacionales no resueltas. Tan solo datos censales han documentado un volumen significativo de casas desocupadas, especialmente en el Área Metropolitana de Guadalajara, lo que impacta en seguridad, servicios públicos y aprovechamiento del suelo urbano.

Bajo este contexto, la reforma plantea que contar con información precisa permitirá diseñar políticas públicas más eficaces, desde la recuperación de espacios abandonados hasta la contención de la expansión urbana sin planeación. Además, se prevé fortalecer la coordinación entre dependencias y abrir datos a la ciudadanía, academia y sector privado para la evaluación de la política habitacional.

El análisis de la comisión concluye que la propuesta es viable tanto en términos jurídicos como técnicos, al alinearse con principios constitucionales de acceso a la información y planeación democrática, así como con estándares internacionales en materia de vivienda y desarrollo sostenible.

De ser avalada por el pleno, la reforma entraría en vigor al día siguiente de su publicación oficial, marcando un cambio en la forma en que el estado mide, entiende y eventualmente atiende el fenómeno de las viviendas vacías. Por ahora, el dictamen ya superó su primera aduana legislativa: las comisiones.

CES