Colectivos ciudadanos, ambientalistas y académicos cuestionaron ayer el modelo de verificación vehicular estatal y plantearon alternativas en la comisión especial del Congreso local a cargo de revisar el programa.

Desde el ámbito académico, el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Occidente (ITESO) indicó a través de su Programa de Movilidad Sustentable que entre el 52 y el 55 por ciento de la población en la Zona Metropolitana de Guadalajara no cuenta con automóvil, pero sí padece los efectos de la contaminación generada por la minoría motorizada.

Por ello propuso que las políticas públicas se basen en el principio de “quien contamina paga”, con subsidios focalizados para sectores vulnerables definidos mediante criterios socioeconómicos transparentes.

Por su parte, el Observatorio Ciudadano de Movilidad y Transporte alertó sobre el incremento sostenido del número de vehículos en Jalisco, con un crecimiento del 160 por ciento en automóviles particulares y del 500 por ciento en motocicletas entre 2010 y 2024. Ante ese panorama llamó a fortalecer el transporte público y promover alternativas como la movilidad activa en lugar de debilitar las políticas ambientales existentes.

En oposición, el colectivo Afinación Sí Verificación No cuestionó la efectividad del Programa de Verificación Responsable (PVR) al señalar que en 2025, año con más de 1.1 millones de verificaciones, se registraron 239 días con mala calidad del aire, cifra superior a los 68 días reportados en 2024.

También denunció opacidad en el uso de recursos del ‘Fondo Verde’ y criticó que el enfoque se concentre en vehículos particulares y deje de lado fuentes fijas como industrias, ladrilleras e incendios forestales.

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