Comerciantes de las colonias San Pedrito y Salvador Portillo López, en Tlaquepaque, denunciaron presuntos actos de extorsión por parte de inspectores municipales, quienes supuestamente les exigían pagos semanales para permitirles continuar trabajando. Los testimonios fueron presentados durante una rueda de prensa encabezada por la diputada local emecista Celenia Contreras González.

Bryan Martínez y Julio Valdez, socios de un pequeño negocio de gorras, sudaderas y playeras que operaba en la colonia San Pedrito, relataron que inspectores identificados con “chalecos tintos” acudieron en varias ocasiones para solicitar permisos y posteriormente exigir dinero a cambio de dejarlos trabajar.

Bryan explicó que, tras negarse a entregar dinero, los inspectores les advirtieron que podrían retirarles tanto el toldo como la mercancía. Julio confirmó la versión y detalló que en una segunda visita el personal municipal llegó con la intención de levantar el puesto por no contar con el permiso solicitado.

Ante el temor de perder su inversión, ambos jóvenes decidieron desmontar el negocio y continuar únicamente con ventas mediante redes sociales y entregas personales. Aunque siguen comercializando productos, reconocieron que las ventas ya no son las mismas debido a la falta de visibilidad y flujo de clientes que tenían en la vía pública.

Por su parte, Verónica Ruvalcaba compartió su experiencia como vendedora de alimentos en la colonia Salvador Portillo López. La mujer relató que instalaba un pequeño puesto afuera de su vivienda, donde vendía fruta, verdura y botanas, hasta que un inspector de mercados le pidió 200 pesos para no retirarle su tanque de gas y sus herramientas de trabajo.

Según explicó, al preguntar cómo podía tramitar un permiso formal, el inspector le respondió que sería “muy difícil” conseguirlo y le sugirió arreglarse “por debajo del agua”. Verónica aseguró que prefirió retirar su negocio antes que entregar dinero de manera irregular, pues el puesto representaba el sustento de ella y sus tres hijos.

La diputada Celenia Contreras afirmó que acompañará las denuncias correspondientes ante la fiscalía anticorrupción y sostuvo que las presuntas prácticas no serían casos aislados. Incluso señaló que varios comerciantes han preferido no denunciar públicamente por miedo a represalias, amenazas o decomisos por parte de inspectores municipales.

CES-jl/I