Quinto Patio

El gobernador Enrique Alfaro Ramírez presume cada mes que los delitos patrimoniales van a la baja y que esos sí le tocan, y sabe cuánta cosa. Él siempre da cifras en tasas, así si, pues no se escucha tan preocupante el asunto, pero en el caso de los robos de vehículos, una vez que se revisa a detalle, resulta que se roban en el estado 38 diarios, en promedio. Nomás eso.

Es decir, 1.5 cada hora. Esto es, mientras estábamos viendo ayer el partido de Atlas contra Chivas, se robaron tres autos en el estado, solo en ese ratón. Así está el problema y Jalisco Cómo Vamos lo evidenció en su reporte trimestral. El mismo Augusto Chacón, director del organismo, cuestionó, ¿no será momento de replantear la estrategia? Aquí el asunto es, ¿verá el gobernador este informe?

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Luego de que, sin unanimidad, los diputados locales avalaran retrasar dos meses el inicio del proceso electoral, al pasar de la primera quincena de septiembre a la primera semana de noviembre de este año, a los que pondrán a trabajar para de nuevo planear las actividades y plazos del proceso electoral es al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana. Organismo al que, sin la mínima cortesía política le avisaron lo que aprobarían, ni mucho menos lo consultaron los diputados locales.

El visto bueno al cambio de fecha no fue escrupuloso, pues actuaron cual senadores morenistas. Y es que, como señaló el diputado Enrique Velázquez, quien votó en contra de la modificación, el proceso de aprobación fue desaseado, pues no siguieron las reglas internas al citar al mismo tiempo a la Comisión de Puntos Constitucionales y a la sesión del pleno. Por las prisas les pidieron tener el don de la ubicuidad.

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Los aguerridos vecinos de la Unión de Colonias de la Puerta Sur, quienes tienen entre sus trofeos haber detonado la primera “zona de recuperación ambiental” de la historia de Jalisco, en contra de los intereses inmobiliarios más potentes del área metropolitana, en el cerro de El Tajo, a un lado de La Primavera, quieren confirmar su triunfo aun parcial en el caso que motivó su entrada en las grandes ligas del ecologismo mexicano: el fraccionamiento Santa Anita Hills, propiedad de la firma GVA, el cual nunca debió haberse autorizado, le han dicho a la Comisión de Cooperación Ambiental de América del norte, donde han presentado una petición para evidenciar que el gobierno mexicano, por medio de la Semarnat, fue permisivo y omiso, y emitió autorizaciones ilegales a la luz de la legislación mexicana.

Hay muchos recursos interpuestos, pero consideran esencial enfrentar a Santa Anita Hills para que los otros intereses inmobiliarios reciban un estate quieto definitivo.

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¿Alguien le cree al dirigente estatal de Movimiento Ciudadano (MC), Manuel Romo, quien asegura que los dos, tanto el partido como el gobernador Enrique Alfaro, “tenemos claro que la conducción de los procesos internos” para elegir al candidato o candidata a la gubernatura corresponde “exclusivamente” al instituto naranja? ¿Cómo creerle cuando el mandatario, cual mandamás electoral emecista, dicta qué deben y no deben hacer los precandidatos a relevarlo? ¿Cuál independencia o autonomía para decidir tiene el partido si ni el mismo Romo estuvo en la reunión en Casa Jalisco del sábado pasado, aunque argumente que andaba en la CDMX? ¿Algún ingenuo o encubridor considera que ni Alfaro ni Dante Delgado dirán la última palabra de quién debe ser el abanderado o abanderada en Jalisco para sentarse en la principal silla de palacio de gobierno?

La cosa es que a los cinco aspirantes de MC a la gubernatura les encargan, a cada uno, hacer proselitismo en dos municipios donde gobierna la oposición. ¿Ya lo aprobaría Alfaro?

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