Si el agua de la llave en la Zona Metropolitana de Guadalajara ya salía con colores sospechosos, el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado acaba de confirmar que el asunto es todavía más fétido.
Resulta que, tras realizar casi 17 mil pruebas durante el 2025, el organismo admitió que en al menos 15 puntos de muestreo el líquido vital venía acompañado de coliformes fecales.
El punto más crítico se registró en septiembre pasado, en el cruce de las calles Felipe Ángeles y Emiliano Zapata, en Guadalajara, en donde la norma de calidad del agua simplemente no se cumplió.
La noticia no es nueva, pues ya desde 2023 se habían detectado estos indicadores que sugieren que el origen de la contaminación es, por decir lo menos, escatológico.
Mientras los ciudadanos se arriesgan a terminar con un cuadro de diarrea o algo peor, queda claro que abrir la llave en la ciudad se ha convertido en un deporte de alto riesgo. Parece que en el organismo rector del agua la crisis se profundiza con estas revelaciones en medio de múltiples reclamos por la calidad del líquido.
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En el Congreso del Estado han decidido que, si la seguridad no llega, al menos que lleguen los descuentos. Por iniciativa de la diputada priista Alondra Fausto se lanzó un exhorto a los 125 ayuntamientos de Jalisco para que apliquen rebajas en el impuesto predial, multas y recargos. La idea es darle un respiro a las familias y sectores afectados por los hechos violentos del pasado 22 de febrero.
La propuesta sugiere que estos estímulos fiscales se apliquen a contrarreloj durante marzo y abril, siempre y cuando los municipios no pongan peros y se decidan a modificar sus leyes de ingresos. Habrá que ver cuántos alcaldes se suman a la causa, pues aunque la intención es aliviar el bolsillo de los afectados por los narcoataques.
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Parece que en la mañanera le echaron un ojo al bolsillo de nuestros diputados y los números no dejaron muy buena impresión.
La presidenta Claudia Sheinbaum puso a Jalisco en el ‘top five’ de los Congresos más caros del país, asegurando que cada legislador nos cuesta en promedio la módica cantidad de 26.73 millones de pesos al año sumando todos los recursos asignados a ese poder.
Ante tal balconeo, el presidente de la Mesa Directiva del Legislativo local, el panista Julio César Hurtado saltó de inmediato a decir que esos datos están más fuera de contexto que un brindis en Cuaresma, argumentando que el problema no es lo que ellos ganan, sino la pesada nómina de trabajadores basificados que se ha acumulado con los años.
Según el panista, el 87 por ciento del presupuesto se esfuma en sueldos del personal, mientras que los diputados apenas perciben 69 mil pesos netos mensuales, lo cual, según sus cuentas, los coloca entre los que menos ganan en el promedio nacional.
Sin embargo, los datos de transparencia dicen que el sueldo bruto supera los 109 mil pesos y que cada curul dispone de casi 220 mil pesos mensuales para asesores.
Con un presupuesto de mil 109.3 millones de pesos para este 2026, Hurtado insiste en que el plan de recorte de la Federación es pura revancha política tras el freno a su reforma electoral, calificándolo como un “capricho” para distraer a la opinión pública de los temas que de verdad importan.
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