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La carta está echada
El 29 de septiembre, alrededor de las 2 de la tarde, el colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco halló un cuerpo enterrado a medio metro de profundidad en una finca de la colonia Buenos Aires, en San Pedro Tlaquepaque. El cadáver, de un joven, fue preidentificado por su padre en el lugar gracias a un tatuaje en la espalda de la víctima con la palabra “Partida”.
“Estábamos en transmisión cuando llega el papá de esta personita que fue encontrada. Al mostrarle el tatuaje confirma que es su hijo. Muy triste, momentos en los que no se sabe qué decir a las personas, no hay palabras”, dijo una buscadora durante una transmisión en vivo en el sitio del hallazgo. El joven, de 24 años de edad, tenía reporte de desaparición desde julio de este año en esa misma colonia.
A pesar de que el hallazgo de Guerreros Buscadores de Jalisco involucró un cuerpo enterrado, el sitio de inhumación clandestina no fue incluido por la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas (FEPD) en el registro estatal de fosas, actualizado este fin de semana con datos al corte del 30 de septiembre.
Según la FEPD, únicamente hubo dos fosas durante el mes de septiembre, pero una revisión hecha por NTR a las redes sociales de diversos colectivos de Jalisco arrojó que al menos hubo cuatro hallazgos de este tipo, dos más que los reconocidos por la autoridad. Uno de ellos fue la fosa de San Pedro Tlaquepaque.
La otra fosa ignorada por la autoridad en el registro fue hallada también por el colectivo de Guerreros Buscadores de Jalisco en una finca ubicada en la colonia Santa Fe, en Tlajomulco de Zúñiga, el 10 de septiembre.
“El día de hoy nuestro colectivo en su búsqueda hizo el hallazgo de un cuerpo masculino, con evolución cadavérica de aproximadamente seis a ocho meses en una finca en Santa Fe, Tlajomulco de Zúñiga, con las siguientes características: un pantalón de mezclilla azul, una playera de resaque blanca, una playera negra con letra amarillas (no se alcanzaba a distinguir la leyenda), un fajo negro, una prenda tipo pants y sudadera azul, calcetines negros. Si algunos de sus familiares desaparecidos tienen similitud en estas características, por favor de acudir a Semefo”, publicó el colectivo.
La FEPD sólo decidió incluir dos fosas clandestinas en el registro estatal. Una fue encontrada el 8 de septiembre por el colectivo Corazones Unidos en Paraísos del Colli, en Zapopan, donde se hallaron dos cuerpos en su interior; sin embargo, ninguno ha sido identificado.
La otra fue hallada el 24 de septiembre en Mariano Otero, en Zapopan, por Guerreros Buscadores. Según la autoridad, de ahí se extrajeron dos cuerpos y ninguno tiene identidad al día de hoy.
Con los hallazgos contabilizados por la FEPD, el registro oficial llegó a 17 fosas clandestinas localizadas en lo que va de 2024. De ellas se extrajeron 96 personas fallecidas, pero sólo se ha identificado a 22.
El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) exigió mediante un pronunciamiento dirigido a las y los diputados del Congreso del Estado que convoquen a un ejercicio de parlamento abierto antes de debatir la propuesta de reforma a la Ley Orgánica del Ejecutivo Estatal enviada la semana pasada por el gobernador electo, Pablo Lemus Navarro, y en la que se incluyen modificaciones al sistema de búsqueda.
La organización advirtió además que la creación de la dependencia planteada por el emecista, una secretaría de inteligencia y búsqueda de personas, implica diversos riesgos, entre ellos la burocratización de procesos y que se dejó de lado el principio de participación conjunta, pues las modificaciones planteadas no fueron consultadas con familias de personas ausentes.
El centro también ve riesgo de violaciones a derechos humanos con el uso de los sistemas de inteligencia planteados, ya que podrían emplearse, más que para buscar, para espiar a organizaciones, colectivos y víctimas indirectas.
“Esta especie de fusión (inteligencia y búsqueda) podría implicar diversos riesgos de abusos y violaciones a los derechos humanos, considerando también las experiencias a nivel nacional e internacional, donde dichas instituciones no han respondido de manera directa a mejorar la situación de violencia, sino que se han convertido en instancias opacas, usando las nuevas tecnologías de forma irregular. Lo anterior tomando en cuenta las compras de programas de espionaje realizadas por el actual y el pasado gobierno del estado”.
Con la estructura propuesta, añadió el Cepad, también prevalece el riesgo de que las labores de búsqueda se diluyan en vez de fortalecerse.
Y, por último, la iniciativa refleja desconocimiento del marco legal que hay en Jalisco y el país, pues, por ejemplo, “uno de los retrocesos observados en el marco de las estrategias anunciadas por Pablo Lemus es someter el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) y los servicios periciales bajo dependencia de la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas”. Lauro Rodríguez
EH-jl/I