El Consejo de Conductores de Jalisco señaló que no hay condiciones para implementar la nueva reforma laboral que impactará a trabajadores de entregas a domicilio y conductores de empresas de redes de transporte (ERT), y que eso lo saben las autoridades, por lo que pospusieron su puesta en marcha.
Después de su aprobación y publicación a finales de 2024, se puso como fecha límite para su implementación el 22 de junio de este año, plazo que se alcanzó el domingo; sin embargo, las autoridades decidieron patear al 1 de julio su arranque, apuntó César Castillo Durón, integrante del Consejo.
Al día de hoy, añadió, nadie sabe cómo operará el proyecto piloto, consistente en integrar a todas las personas trabajadoras del ramo de las plataformas a un sistema formalizado con mayor carga de impuestos y que les obligará a registrarse ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).
“Tuvieron 180 días para socializar con las empresas y conductores todas las aristas y los detalles, (pero) no lo hicieron. Oficialmente ya anunciaron que arranca la prueba piloto el 1 de julio, pero tenemos muchísimas dudas que no han sido respondidas. (En el) tema fiscal, la Secretaría de Hacienda hace mención que vamos a permanecer con el mismo tratamiento fiscal, es decir, vamos a pagar el 2.1 por ciento de ISR y el 8 por ciento de IVA, pero vamos a ser trabajadores. Entonces la pregunta es: ¿en qué país los propios trabajadores facturan por su trabajo? Aquí les está rebotando, cómo vamos a ser trabajadores subordinados, pero vamos a facturar nosotros mismos”.
Asimismo, lamentó que las mesas de trabajo sobre la reforma nunca salieron de la Ciudad de México, pero sí afectarán las decisiones a todo el país.
Castillo Durón apuntó además que el daño a conductores se trasladará a las personas usuarias, cuya principal consecuencia será el aumento de las tarifas.
“Si la ley aplica como la quiere aplicar el gobierno federal estaríamos hablando que las empresas (Uber y Didi) se van a proteger y van a trasladar todo el costo fiscal para que lo paguen los usuarios o los trabajadores. Para nosotros nos representaría, probablemente, subir las comisiones hasta un 48 por ciento, cuando el que más nos cobra, Uber, es 35 por ciento, ya es una diferencia bastante amplia, y la otra es que proyectamos que la tarifa pública subiría un 90 por ciento”.
Por la falta de coordinación e información descrita, desde el consejo consideran que el 1 de julio tampoco será implementada la reforma y habrá una nueva ampliación de plazo. Mientras tanto siguen activos varios juicios de amparo que promovieron integrantes de la organización para ser excluidos de las nuevas directrices.
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