Buscan frenar el robo de mobiliario público 

A fin de endurecer las sanciones para quienes roban, comercializan o poseen materiales provenientes de la infraestructura pública, incluyendo alumbrado, tuberías, cables y tapas de registro, la diputada emecista Adriana Medina Ortiz presentó una iniciativa de reforma al Código Penal del Estado. 

La propuesta también busca responsabilizar a las recicladoras que adquieran estos bienes sin comprobar su origen legal.

De acuerdo con datos presentados, el daño patrimonial por el robo de cable eléctrico en el país ronda los 900 millones de pesos (mdp), lo que además implica riesgos directos para la población: desde accidentes en vialidades sin tapas de alcantarilla hasta zonas oscuras generadas por el robo de cableado.

La legisladora subrayó que en Jalisco existen alrededor de 674 establecimientos dedicados al reciclaje de desechos metálicos, en su mayoría ubicados en la Zona Metropolitana de Guadalajara, mismos que se han convertido en potenciales compradores y comercializadores de materiales sustraídos de la infraestructura pública.

La iniciativa plantea agravamiento de penas: pasar de sanciones actuales de entre 2 y 11 años de prisión a rangos que irían de 5 a 15 años de cárcel. Además, considera ampliar los supuestos normativos para no solo sancionar el robo, sino también la comercialización, posesión y detentación de estos bienes.

Otro de los aspectos es que busca impedir que los responsables accedan a salidas alternas como acuerdos reparatorios o suspensión condicional del proceso, medidas que hasta ahora han permitido que los implicados queden en libertad rápidamente.

La iniciativa plantea:

1. Agravamiento de penas: pasar de sanciones actuales de entre 2 y 11 años de prisión, a rangos que irían de 5 a 15 años de cárcel, además de elevar las multas de hasta 30 UMAS a un máximo de 80 UMAS (aprox. 41 mil pesos).
2. Ampliar los supuestos normativos: no solo sancionar el robo, sino también la comercialización, posesión y detentación de estos bienes.
3. Eliminar beneficios procesales: impedir que los responsables accedan a salidas alternas como acuerdos reparatorios o suspensión condicional del proceso, medidas que hasta ahora han permitido que los implicados queden en libertad rápidamente.

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