La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la petición de Elektra y TV Azteca, empresas propiedad del empresario Ricardo Salinas Pliego, para aplazar los fallos en los litigios fiscales que mantienen ante el máximo tribunal.
Las compañías habían solicitado suspender las resoluciones en siete casos relacionados con créditos fiscales por más de 33 mil 400 millones de pesos, al argumentar que existe una petición al Servicio de Administración Tributaria (SAT) para ajustar los montos de dichos créditos, lo que podría volver innecesaria la intervención de la Corte.
Sin embargo, el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz negó la solicitud al señalar que “no existe disposición legal que faculte al ministro presidente suspender el dictado del fallo”, por lo que los procedimientos deberán continuar.
Aguilar Ortiz explicó además que, en los amparos directos en revisión, solo las autoridades pueden ofrecer nuevas pruebas, y recordó que el proceso contempla recursos específicos, como el desistimiento, pero no la suspensión por solicitud de las partes.
Elektra y TV Azteca han acelerado sus promociones ante la SCJN. Tan solo ayer se notificaron 14 movimientos relacionados con amparos o solicitudes de impedimento. No obstante, el alto tribunal advirtió que cualquier práctica dilatoria será desechada sin mayor trámite.
De hecho, durante la jornada, fueron rechazadas diversas solicitudes de impedimento que buscaban apartar de los casos a las ministras Lenia Batres, Loretta Ortiz y Yasmín Esquivel, al concluir que no existía sustento jurídico para sus excusas.
En otro tema, la Corte también invalidó artículos de la Constitución de Quintana Roo que otorgaban a la Fiscalía Anticorrupción la facultad de solicitar intervención de comunicaciones y geolocalización en tiempo real, al considerar que esas medidas afectan derechos fundamentales y solo pueden regularse a nivel federal.
Por mayoría de seis votos contra tres, los ministros estimaron que mantener esas disposiciones abriría la puerta a la duplicidad de funciones dentro de la Fiscalía y pondría en riesgo la privacidad de las personas. En consecuencia, fueron anulados también los artículos que imponían medidas de apremio, como arrestos y multas, y aquellos que ordenaban la conservación inmediata de datos en redes informáticas.
Votaron en contra de la invalidez las ministras Lenia Batres, Estela Ríos y Sara Irene Herrerías.
GR
