El Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad) pidió a los diputados del Congreso de Jalisco hacer las reasignaciones de presupuesto necesarias para reenfocar el recurso del eje transversal de búsqueda, ya que si bien en la cifra global muestra un aumento de más del 170 por ciento, las áreas esenciales quedan relegadas y el recurso se va a acciones de infraestructura que no necesariamente serán implementadas en la búsqueda de personas desaparecidas.
Este jueves entregaron un análisis del proyecto de presupuesto en el que manifiestan los señalamientos puntuales.
“Si bien el monto total del Anexo Transversal en esta materia refleja un aumento nominal respecto al ejercicio anterior, dicho incremento no se traduce en un fortalecimiento real de las capacidades institucionales para la búsqueda, identificación y atención integral de las familias. Por el contrario, el análisis detallado revela una tendencia preocupante hacia la centralización, la tecnocratización y la securitización de la política pública sobre desaparición, en detrimento del enfoque humanitario, psicosocial y de derechos humanos que exige la situación actual y la legislación vigente”, precisa el documento.
Contando una inflación del 3 por ciento como se plantea en el proyecto de presupuesto, se tiene que dependencias clave como la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas (Cobupej), la Vicefiscalía de Personas Desaparecidas (VPD) y el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF) muestran reducciones reales de presupuesto.
En cambio, el aumento anunciado e incluso presumido en el informe de gobierno se va directo a la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda de Personas (SIBP) y al Escudo Urbano C5 para las acciones de renovar el sistema de videovigilancia, no para acciones de búsqueda.
“Resulta cuestionable que la Secretaría de Inteligencia y Búsqueda concentre funciones y recursos en materia de búsqueda, cuando su marco legal establece competencias limitadas al análisis criminal y coordinación interinstitucional”.
El Cepad añadió que “mientras las familias siguen exigiendo resultados tangibles en las búsquedas, el Estado apuesta por expandir estructuras administrativas y tecnológicas cuya eficacia en la localización de personas no está comprobada”.
Lo mismo ocurre, por ejemplo, con el presupuesto para atender y prevenir casos de tortura. No hay una partida para crear la Fiscalía especializada en la materia, que, si bien en Ejecutivo sigue retrasando su oficialización, se requerirá de presupuesto para ponerla en marcha. Al menos se necesitan 47.9 mdp, señaló el Cepad.
“Solicitamos (al Congreso) que tomen las medidas necesarias para que los mismas (observaciones) puedan reflejarse en cambios en el Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2026 del Estado de Jalisco”, concluyó la organización.
GR
