El académico Francisco Jiménez Reynoso, jefe de vinculación de la Coordinación General de Seguridad de la UdeG e integrante del Observatorio de Seguridad Pública, Justicia y Derechos Humanos, calificó de error las declaraciones del gobernador Pablo Lemus sobre los 40 detenidos en la marcha de la Generación Z. Afirmó que el gobernador no pertenece al Poder Judicial ni es ministerio público o juez, por lo que no puede investigar ni sentenciar; además advirtió que sus comentarios pueden entorpecer las pesquisas.

Jiménez Reynoso dijo que los detenidos deben ser procesados de forma individual: la carpeta de investigación debe estar lista para iniciar juicios donde cada persona sea escuchada y se determine una resolución. Señaló que, aunque hubo actos de vandalismo, también se registraron excesos policiales; por ello cada caso requiere individualización para que los responsables respondan.

Para esclarecer los hechos, la tecnología y las cámaras resultan pruebas útiles ante el juez, junto con testimonios y otros elementos. Reiteró que algunos pudieron cometer delitos y otros deben ser absueltos por falta de pruebas: todo debe acreditarse.

Subrayó que los mexicanos tienen derecho a manifestarse y que cuando hay detenciones arbitrarias debe haber consecuencias legales contra policías y mandos. Criticó la falta de información a las familias y advirtió que el gobernador Pablo Lemus deberá probar sus afirmaciones sobre que eran personas de otras entidades o arriesgarse a quedar en ridículo.

Finalmente Francisco Jiménez Reynoso insistió en que toda persona merece defensa y debido proceso, y convocó a usar instrumentos como CEDHJ e instancias internacionales pues criminalizar a jóvenes del Ejecutivo empaña el proceso judicial.

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