Que de cada cien quejas presentadas ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), 41 hayan sido rechazadas por este organismo, es bastante revelador. Como explica la dependencia, buena parte de quienes se consideran agraviados plantean quejas que no le corresponde atenderlas. No están en su cancha. Es el caso desde asuntos electorales, que tienen sus propios institutos y tribunales, hasta los que son personales y en los que para nada puede intervenir la comisión.
De las posibles lecturas, dos destacan: una, que la CEDHJ continúa como una opción por quienes consideran que fueron víctimas de una violación a sus derechos humanos, aunque se frustran cuando no se las aceptan (mil 221 fueron rechazadas en 2024); otra, que el organismo, surgido en 1993, rebasa las tres décadas de historia y a estas alturas es lamentable que la población no tenga claras sus atribuciones y límites. En ambos puntos tiene muuuuuucho por mejorar la comisión.
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Estaba tan planchada la aprobación de incremento a la tarifa del transporte público, que ninguna arruga tenía. Vaya, ni la mejor tintorería la hubiera dejado tan lisita. Porque, horas después del visto bueno del Comité Tarifario, este sábado 27 de diciembre se publicó en el periódico oficial del estado el acuerdo por el cual se emite el dictamen a favor de la indexación de la tarifa y la aplicación del incremento para actualizar esta en el transporte público.
El acuerdo establece la tarifa general de 14 pesos y la preferencial de 7 “para todo (sic) aquellas personas que cumpla (sic) con la acreditación de los perfiles para ello”, y que será subsidiada (mediante el fondo de apoyo) a quien tenga su tarjeta única “Al estilo Jalisco”, por lo que pagará 11 pesos. El acuerdo entrará en vigor el 1 de abril de 2026, estipula el documento que firma Salvador Zamora, como encargado del despacho del Poder Ejecutivo, aunque no aparece su rúbrica ni la del resto de firmantes. Los empresarios concesionarios del transporte público ya pueden estar tranquilos. Quedó amarrado a su favor.
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Los que no están tranquilos son los políticos locales del bando oficial y de la oposición. Por ejemplo, Movimiento Ciudadano, a través de su coordinadora estatal, Mirza Flores, sostuvo en redes sociales que el transporte público ha sido una “agenda prioritaria” que los gobiernos naranjas que, asegura, “han atendido con seriedad y responsabilidad desde hace siete años”. Incluso, se atreve a afirmar que, “no por nada, en Jalisco tenemos el sistema de transporte más articulado, moderno y eficiente del país”. (¿En serio? ¡Que se pronuncien los usuarios!).
En tanto, Morena Jalisco rechazo el aumento, lo calificó de “tarifazo”, indicó se pagará una parte con dinero público que “se le quita a la gente para sostener un modelo que prioriza el negocio antes que el bienestar”; convocó a construir un plan alternativo de movilidad y anunció una movilización pacífica y organizada. Hasta la edil de Tlaquepaque, Laura Imelda Pérez, rechazó el aumento y puntualizó que la Comisión Tarifaria sufre el mismo defecto que la Junta de Gobierno del Siapa: ahí, los directamente afectados ¡son minoría!
Este encontronazo durará por lo menos hasta… mmm… abril de 2026… bueno, no… hasta las campañas electorales de 2027…
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