La presidenta de Causa en Común, María Elena Morera, afirmó que el país cerró un año particularmente grave en materia de seguridad pública y sostuvo que México ya no vive una etapa de transición, sino la consolidación de un régimen autoritario con altos niveles de impunidad.
Al hacer un balance del año, Morera señaló que los hechos han sido más elocuentes que las estadísticas oficiales. Recordó episodios como el uso de coches bomba, el asesinato del presidente municipal de Uruapan y los altos niveles de violencia registrados en estados como Sinaloa, Jalisco y Chiapas, donde la inseguridad genera terror entre la población.
La activista explicó que uno de los hechos más graves del año fue la aprobación de la reforma judicial, la cual profundiza la crisis de justicia penal en el país. Señaló que, en un contexto donde ya existía una baja tasa de investigación y castigo de los delitos, la conformación de un nuevo Poder Judicial alineado al régimen terminó por debilitar la credibilidad jurídica y afectar la llegada de inversiones.
María Elena Morera advirtió que el Ejecutivo concentra hoy el control del Poder Legislativo y del Judicial, lo que elimina contrapesos institucionales. No obstante, aclaró que esto no significa que exista una presidencia fuerte, ya que el poder se comparte con el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien sigue interviniendo en decisiones importantes desde fuera del gobierno.
Otro de los puntos centrales señalados por la presidenta de Causa en Común fue el papel de las Fuerzas Armadas. Aseguró que dejaron de responder al interés nacional para volverse leales al régimen, con funciones civiles desmedidas, presupuestos crecientes y sin mecanismos de rendición de cuentas. Subrayó que la militarización no ha reducido la violencia y, por el contrario, ha erosionado el control democrático.
En ese contexto, María Elena Morera destacó la penetración del crimen organizado en la política como un factor determinante para entender la crisis de seguridad. Mencionó de manera directa a Adán Augusto López como una figura recurrente en expedientes e investigaciones relacionadas con redes criminales, mismas que el régimen busca congelar no por falta de pruebas, sino por el exceso de complicidades políticas.
También cuestionó el papel de la Fiscalía General de la República durante el periodo de Alejandro Gertz Manero, a quien acusó de haber utilizado la institución con fines personales y políticos. Añadió que la llegada de Ernestina Godoy se dio sin un proceso transparente y con el objetivo de garantizar la continuidad del uso político de la fiscalía.
Mientras tanto el presupuesto para seguridad ciudadana disminuyó, las policías y fiscalías locales siguieron debilitándose, la extorsión creció y las cifras oficiales se maquillaron. Advirtió que “México sigue acumulando cuerpos sin nombre y nombres sin cuerpo”, al señalar la pérdida de gobernabilidad en varias regiones del país.
María Elena Morera reconoció, no obstante, algunos elementos positivos, como el fortalecimiento del equipo del secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, con perfiles técnicos, así como la cooperación binacional con Estados Unidos en temas como el fentanilo y el tráfico de armas. Sin embargo, subrayó que estos esfuerzos serán insuficientes si no se enfrenta a los verdaderos líderes criminales.
A la pregunta de si el Estado mexicano no puede o no quiere combatir al crimen organizado, la activista señaló que sí puede, pero no quiere. Afirmó que existen investigaciones donde aparecen altos funcionarios y políticos cercanos al expresidente, lo que explicaría por qué las detenciones se limitan a operadores menores y no a los responsables de mayor jerarquía.
Finalmente, Morera alertó sobre la reforma electoral anunciada por el gobierno, en particular la reducción del financiamiento público a los partidos. Advirtió que, en el contexto actual, esa medida podría convertir a los partidos en rehenes del crimen organizado y terminar de consolidar un régimen autoritario, donde Morena mantendría ventajas indebidas mediante el uso de recursos públicos y el respaldo de estructuras criminales.
Concluyó que la reforma electoral puede ser el último paso para cerrar el círculo del autoritarismo, al señalar que, sin reglas equitativas y sin contrapesos reales, la democracia mexicana enfrenta uno de sus momentos más delicados.
GR
