En Jalisco hay impunidad del 100 por ciento en casos de tortura, dado que ninguna denuncia ha derivado en una sentencia, dijo Denisse Montiel Flores, codirectora del Centro de Justicia para Paz y el Desarrollo (Cepad) durante la conferencia Creación de Fiscalías especializadas para investigar el delito de tortura.
Parte de que no se investigue ni castigue la tortura es la falta de la fiscalía especializada en la materia que en el estado el Ejecutivo estatal retrasa su creación.
En 2018 Jalisco creó la unidad especializada y en 2024, pese a existir una determinación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para crear la fiscalía, convirtieron la unidad en dirección, lo que fue catalogado por Montiel Flores como un retroceso.
Montiel Flores dijo que datos que obtuvo el Cepad vía transparencia reflejaron que entre 2018 y 2024 hubo mil 621 carpetas abiertas, pero sólo dos fueron judicializadas. Además, para septiembre de 2025, el 42 por ciento seguían activas y el resto fueron enviadas al archivo temporal.
“Pareciera que la actuación de esta dirección está más encaminada hacia que las investigaciones deriven en archivo temporal”, dijo, y añadió que “en Jalisco no existe ninguna sentencia por tortura, estamos hablando de un cien por ciento de impunidad. En Jalisco se puede torturar y no pasa nada”.
Otro factor que promueve una impunidad total es que la dirección depende de la Fiscalía del Estado que, junto con las policías municipales, es uno de los principales entes señalados por este delito.
“Quienes ejecutan principalmente o han sido señalados de manera común de cometer este delito son policías municipales en primer lugar y, posteriormente, policías investigadores de la Fiscalía. Ahí es donde hay que volver a recalcar la importancia de que realmente estas fiscalías especializadas cumplan estas características establecidas en la ley general y de manera particular, la autonomía, ya que solamente así se podrán garantizar investigaciones independientes”.
Jalisco ya sumó ocho años de incumplimiento de la ley general en materia de tortura dado que sigue sin contar con una fiscalía especializada, lamentó Montiel Flores. Tampoco hay asignación presupuestaria suficiente para investigar. Entre 2023 y 2025, Jalisco sólo destinó poco más de 2 millones de pesos por año para investigar actos de tortura.
Sobre la creación de la fiscalía, dijo que en mayo de 2025 se aprobó la reforma constitucional para su creación, en agosto el Congreso envió el dictamen al Ejecutivo, en octubre fue devuelto al Congreso por inconsistencias notadas, y en noviembre fue remitido el dictamen corregido Ejecutivo, pero hasta la fecha siguen sin publicarlo.
“No se puede continuar el proceso para crear la fiscalía especializada. Esto derivó en que en el presupuesto de 2026 no se considerara una partida presupuestal específica para la fiscalía especializada (...) existe incertidumbre y preocupación de que en este año que se pueda dar cumplimiento y se materialice la creación de la fiscalía, no nazca con un presupuesto adecuado”.
GR
