El diseño del programa, su costo real para los ciudadanos y la falta de resultados visibles en la calidad del aire centraron los principales cuestionamientos de diputados durante la mesa de trabajo de la Comisión Especial Temporal para el Estudio y Análisis del Programa de Verificación Vehicular en Jalisco, donde comparecieron autoridades ambientales del estado.
Durante la sesión, la titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial, Paola Bauche Petersen, afirmó que para que la verificación vehicular tenga impacto en la salud pública es necesario que al menos el 60 % del padrón obligado apruebe la prueba, meta que, dijo, depende de aumentar la participación ciudadana y el mantenimiento preventivo de los vehículos.
En la mesa también participó la directora jurídica de la Agencia Integral de Regulación de Emisiones (AIRE), Almendra Bueno Castro, quien explicó aspectos legales del funcionamiento del programa.
Uno de los principales señalamientos provino del diputado Tonatiuh Bravo, quien cuestionó la estructura del sistema al considerar que la adjudicación de un contrato por 19 años a la empresa tecnológica Worldwide Environmental Products genera un “monopolio”.
Además, advirtió que el modelo es excluyente para vehículos antiguos y reveló que en 2025 apenas el 25 % del padrón obligado cumplió con el trámite, mientras que el 36.6 % de los rechazos se debieron a inspecciones visuales y no a mediciones de gases.
La secretaria respondió que el programa no opera bajo un monopolio, sino mediante un “esquema centralizado” que permite una medición uniforme. Aclaró que, aunque existe un solo proveedor tecnológico, la operación de los centros de verificación se realiza a través de diversas empresas particulares. También atribuyó las mayores tasas de aprobación en Estados Unidos a una cultura de mantenimiento vehicular más extendida.
En el debate también se cuestionó el manejo de recursos. Bauche informó que el Fondo Estatal de Protección Ambiental (FEPAG) recaudó 143 millones de pesos en el último ejercicio, destinados a proyectos de conservación de bosques, limpieza de cuerpos de agua y mantenimiento de estaciones de monitoreo de calidad del aire.
Por su parte, la diputada Maria de Refugio Camarena, cuestionó la eficacia del programa al señalar que los días con mala calidad del aire en el Área Metropolitana de Guadalajara pasaron de 68 en 2024 a 239 en 2025, es decir, el 66 % del año. También criticó la falta de socialización del programa, al señalar que en 2022 se informó a menos de 30 mil usuarios de un padrón cercano a tres millones de vehículos.
Bauche reconoció que la falta de comunicación ha sido “el mayor enemigo” del programa y reiteró que los recursos recaudados se canalizan al FEPAG para financiar proyectos ambientales relacionados con aire, capital natural y saneamiento de ríos.
Sobre los vehículos antiguos, como los modelos Tsuru, admitió que muchos están destinados a no aprobar la prueba por carecer de convertidor catalítico, por lo que planteó fortalecer programas de chatarrización para renovar el parque vehicular.
Durante la discusión, la diputada Tonantzin Cárdenas cuestionó que, pese a años de operación y recursos destinados al proveedor tecnológico, no exista una mejora tangible en la calidad del aire ni en la salud pública.
La secretaria advirtió que cancelar el programa sería “peligroso” y podría llevar a Jalisco a escenarios de crisis ambiental similares a los registrados en la Ciudad de México, con contingencias recurrentes.
Al cierre de la mesa de trabajo, la funcionaria se comprometió a entregar esta misma semana el informe de aplicación financiera de los proyectos apoyados a través del fideicomiso ambiental.
CES
