La pensión para personas con discapacidad de 29 a 64 años, reformas al Código Penal y Civil, sanciones contra cirugías estéticas en menores, la prohibición de reelección del Auditor del Estado y cambios para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas quedaron congeladas en la Comisión de Puntos Constitucionales y Electorales del Congreso de Jalisco, luego de que la sesión de este 27 de marzo no pudiera realizarse por falta de quórum legal.
La inasistencia de los diputados José Luis Tostado (Movimiento Ciudadano), Enrique Velázquez (Hagamos), María del Refugio Camarena (PRI) e Isaías Cortés (PAN) impidió reunir la mayoría necesaria para sesionar, ya que solo tres de los siete integrantes acudieron, lo que obligó a suspender los trabajos y aplazar la discusión de los dictámenes.
La presidenta de la comisión, Norma López advirtió que esta ausencia representa una “parálisis legislativa” que retrasa reformas de fondo, particularmente en materia penal y civil, con impacto directo en la prevención de delitos y en la organización social.
Entre los dictámenes que no pudieron discutirse, destacó una propuesta para sancionar con penas de 2 a 4 años de prisión a médicos y padres que autoricen cirugías estéticas en menores de edad, con el objetivo de proteger la integridad física de niñas, niños y adolescentes.
También se frenaron iniciativas orientadas a fortalecer la transparencia institucional, como la prohibición de la reelección del Auditor del Estado, así como la armonización de leyes para cerrar vacíos legales que, según expuso, suelen ser aprovechados en perjuicio de personas con menos recursos.
En materia de derechos humanos, quedaron en pausa reformas para permitir el matrimonio entre personas con enfermedades contagiosas, garantizando el libre desarrollo de la personalidad, además de modificaciones para que la búsqueda de personas desaparecidas se active de oficio e inmediata, sin necesidad de denuncia previa.
Otro de los puntos relevantes que no avanzaron fue el dictamen que busca elevar a rango constitucional la pensión para personas con discapacidad de entre 29 y 64 años, grupo que actualmente no está cubierto por programas federales en Jalisco.
Finalmente, la diputada criticó la presentación de iniciativas que calificó como “ocurrentes” o sobre marcos legales no vigentes, al señalar que tienen un costo para la Federación que no baja de 100 millones de pesos, este dinero proviene directamente de los impuestos de los ciudadanos.
CES
