Legisladores buscarán el respaldo de la Auditoría Superior del Estado para revisar a fondo el uso del subsidio al transporte público y exigir rendición de cuentas tanto a funcionarios como a empresas concesionarias, ante dudas sobre la aplicación de los recursos y la falta de mejoras visibles en el servicio para los usuarios.
Por un lado, la diputada Tonantzin Cárdenas señaló que el Poder Legislativo trabajará en una ruta de responsabilidad para exigir rendición de cuentas a los funcionarios encargados del sistema de transporte. Adelantó que, con apoyo de la Auditoría Superior del Estado, se buscará revisar a fondo cómo se ejerce el subsidio y si realmente se traduce en beneficios para los usuarios.
La legisladora cuestionó que, pese al incremento en la tarifa, no existan garantías claras sobre mejoras en el servicio, como la calidad de las unidades, la frecuencia de paso o la dignificación de paradas, incluyendo iluminación y condiciones adecuadas. También destacó la falta de cobertura suficiente en zonas periféricas, una problemática que ha impulsado el crecimiento de alternativas informales de movilidad.
En este contexto, planteó que el Congreso podría incluso condicionar el subsidio a compromisos verificables, con el objetivo de asegurar que los recursos públicos se utilicen de manera eficiente y en beneficio de la población. Asimismo, propuso revisar los contratos de concesión vigentes y analizar la posibilidad de que el Estado asuma directamente la operación del transporte público como un servicio garantizado.
Por su parte, el legislador Leonardo Almaguer señaló que el presupuesto aprobado debe ejercerse conforme a lo establecido por el Poder Legislativo, por lo que consideró irregular que se asignen recursos adicionales al subsidio del transporte sin un aval formal.
Almaguer también criticó la falta de comparecencia de funcionarios responsables, quienes, dijo, no han acudido al Congreso a rendir cuentas sobre el uso de los recursos. Añadió que esta situación evidencia una falta de transparencia y de respeto al equilibrio entre poderes.
El legislador adelantó que desde la comisión correspondiente se analizarán posibles acciones para señalar y, en su caso, frenar lo que considera violaciones en materia hacendaria y presupuestal. Además, insistió en la necesidad de que el transporte público deje de operar bajo esquemas privados y sea administrado directamente por el Estado.
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