El riesgo de una crisis judicial aumenta en Jalisco. “Cada día que pasa crece la posibilidad”, afirmó el coordinador de Hagamos, al señalar que, tras no concretarse la reforma el 26 de marzo, el Congreso local enfrenta el límite de finales de mayo para aprobarla, por lo que hizo un llamado directo a las bancadas de Movimiento Ciudadano y del Partido Verde a retomar el diálogo.
El diputado Tonatiuh Bravo señaló que, aunque inicialmente se planteó marzo como fecha para evitar una aprobación apresurada, el límite real para concretar la reforma constitucional es el último día de mayo, debido a que posteriormente debe ser avalada por los ayuntamientos y derivar en cambios a leyes secundarias.
Explicó que el retraso incrementa el riesgo de una “crisis constitucional”, ya que la Constitución federal establece que, para septiembre de 2027, todos los integrantes del Poder Judicial, tanto federal como estatal, deberán haber sido electos mediante voto popular. En el caso de Jalisco, aún no se ha iniciado ese proceso.
El legislador advirtió que cada día sin avances aumenta la presión sobre el Congreso local, al ser una de las pocas entidades que no han aprobado esta reforma, lo que podría complicar su implementación en los tiempos establecidos.
Mencionó dos elementos recientes que inciden en la discusión: por un lado, la reforma electoral federal en curso no contempla cambios relacionados con la elección del Poder Judicial; y por otro, una resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó reformas en otros estados por no apegarse a lineamientos constitucionales, lo que obliga a revisar con mayor cuidado el dictamen en Jalisco.
El legislador señaló que coincide con el coordinador de Movimiento Ciudadano, Jose Luis Tostado, en la necesidad de revisar a fondo la reforma para garantizar su apego a la Constitución y evitar posibles invalidaciones; sin embargo, discrepó en que este argumento se utilice para frenar su avance, al advertir que el tiempo apremia y el riesgo de una crisis judicial aumenta.
Entre los principales desacuerdos destaca el papel del Congreso en el proceso de selección de magistrados. Mientras una propuesta busca mantener sus facultades en la emisión de convocatorias, evaluación y designación, otra plantea trasladar estas funciones a instancias externas, dejando al Legislativo con una participación limitada.
También persisten dudas sobre la organización de la elección judicial en 2027, particularmente en la definición de distritos, la coordinación con autoridades electorales y la instalación de casillas diferenciadas, ya que en estos comicios no participarían representantes de partidos políticos.
Otro punto de debate es el mecanismo de insaculación, el cual ha sido cuestionado por algunas fuerzas políticas, aunque se advierte que su ausencia ha sido motivo para invalidar reformas en otros estados.
Ante este panorama, se hizo un llamado a retomar el diálogo entre todas las bancadas al concluir el periodo vacacional, con el fin de construir consensos que permitan aprobar la reforma en tiempo y evitar complicaciones legales en el futuro.
CES
