La Promotoría Internacional de Derechos Humanos exigió la Declaratoria de Desastre Ecológico en el estado de Jalisco, al acusar que los recursos destinados a la crisis hídrica no han resuelto el problema de fondo, que no existe certeza técnica sobre la calidad del agua y que se mantienen riesgos por la presencia de metales pesados y posibles elementos radiactivos.
Javier Becerra, de la Promotoría Internacional de Derechos Humanos, sostuvo que, pese a los mil 100 millones de pesos destinados al saneamiento, las acciones resultan insuficientes si no se atienden las fuentes de contaminación, como las descargas de vinazas en Ayotlán y la carga industrial que arrastra el río Lerma, señalando que el problema persiste desde su origen.
En ese mismo sentido, cuestionó la validez de los análisis oficiales al advertir que carecen de mecanismos independientes de verificación, al señalar que sin supervisión de fedatarios públicos no existe certeza sobre el origen ni la autenticidad de las muestras analizadas.
Profundizó en los riesgos sanitarios al referir estudios de universidades de Guanajuato y de Querétaro que documentan la presencia de sustancias altamente peligrosas, entre ellas isótopos radiactivos como Cesio-137 y Cobalto-60, relacionados con enfermedades graves, incluido el cáncer, así como metales pesados como plomo, zinc y mercurio, vinculados con padecimientos renales detectados en poblaciones como San Pedro Itzicán.
Otro de los ejes del pronunciamiento fue el modelo de distribución del agua. Mientras las autoridades promueven infraestructura para extraer agua desde Chapala, la Promotoría sostuvo que hasta 90 por ciento del suministro llega por gravedad mediante el Canal de Atequiza, lo que, a su juicio, contradice el discurso institucional y evidencia una narrativa incompleta.
Además, acusaron posibles actos de simulación en tareas de saneamiento. Como ejemplo, señalaron la Presa Las Pintas, donde, aseguraron, se habrían realizado intervenciones superficiales para aparentar condiciones adecuadas antes de recorridos oficiales.
El cardenal Juan Sandoval Íñiguez atribuyó parte del problema al crecimiento urbano sin planeación, que ha afectado la recarga de mantos freáticos, y planteó como alternativa retomar prácticas tradicionales como la construcción de aljibes y sistemas de captación de agua pluvial, que anteriormente permitían garantizar el acceso a agua limpia en distintas comunidades.
Frente a este panorama, la Promotoría Internacional de Derechos Humanos planteó una serie de medidas urgentes que incluyen la intervención del gobierno federal para fiscalizar recursos y coordinar acciones de saneamiento en el río Lerma, la implementación de alertas sanitarias en la Zona Metropolitana de Guadalajara ante posibles afectaciones en piel, ojos y órganos internos, así como la verificación independiente de los estudios de calidad del agua mediante fedatarios públicos y participación ciudadana.
Los denunciantes advirtieron que, de persistir la falta de transparencia, el caso podría escalar a instancias internacionales, al considerar que la situación implica un riesgo colectivo, e insistieron en que el acceso a información verificada sobre la calidad del agua no puede quedar sujeto a decisiones políticas al tratarse de un tema de salud pública.
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