La reducción de tiempos en trámites para la instalación de empresas en Jalisco, de hasta 700 a 200 días hábiles, forma parte de una nueva estrategia de simplificación administrativa presentada por autoridades y representantes del sector industrial. El modelo busca responder a la demanda de las compañías, que requieren operar en plazos de tres a cuatro meses, frente a procesos que actualmente pueden extenderse hasta un año, mediante la homologación de requisitos y la agilización de gestiones clave.
Durante el lanzamiento, Cindy Blanco presentó el eje central de la estrategia: la simplificación y homologación de procesos administrativos entre el estado y ocho municipios. Explicó que el acuerdo contempla la estandarización de siete trámites clave, dos estatales y cinco municipales, relacionados con impacto ambiental, riesgos y licencias de construcción.
Entre los principales resultados proyectados, destacó la reducción del tiempo promedio de resolución de trámites de 700 a 200 días hábiles, lo que representa un ahorro del 71%, así como la disminución de requisitos de 156 a 86 documentos. También se incorpora la figura del “desarrollador confiable”, que permitirá acceder a procesos más ágiles mediante un esquema de validación externa.
El coordinador del Gabinete Económico, Mauro Garza, destacó que el estado ha mejorado su desempeño en competitividad al pasar del lugar 10 al 4 en el índice del Instituto Mexicano para la Competitividad, impulsado principalmente por la facilidad para abrir y operar negocios.
Señaló además que Jalisco concentra el 20% de las patentes del país y se mantiene como el segundo mayor exportador, con una proyección de más de 500 millones de dólares en inversión para este año.
Desde el sector privado, Bruno Martínez subrayó la urgencia de adaptar los tiempos administrativos a la dinámica actual de las cadenas globales de suministro. Indicó que mientras las empresas requieren instalarse en un periodo de tres a cuatro meses, los procesos pueden extenderse hasta un año.
En ese sentido, reconoció que la meta no es omitir la normatividad, sino hacerla más eficiente y coordinada.
El acuerdo contempla la firma de convenios con cabildos municipales para garantizar la continuidad de esta política, con la intención de consolidar un modelo que reduzca la burocracia y fortalezca la competitividad del estado.
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