La proliferación de máquinas tragamonedas ilegales y centros clandestinos de apuestas en la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG) se ha convertido en un problema de seguridad pública vinculado a la delincuencia organizada, advirtió el académico Rogelio Barba, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara.
En entrevista para Informativo NTR, el especialista señaló que estas máquinas instaladas en tiendas y espacios sin regulación están prohibidas por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, pese a lo cual se han expandido en colonias de la ciudad, generando ganancias ilícitas que, según estimaciones, superan los 600 millones de pesos semanales.
El criminalista subrayó que el impacto va más allá del ámbito económico, al advertir efectos psicológicos severos en los usuarios. Comparó la adicción a las tragamonedas con la cocaína crack de los juegos de apuestas, debido a su alta capacidad de enganchar a quienes las utilizan.
El académico también señaló posibles omisiones o complicidades por parte de autoridades municipales, que, pese a tener control sobre los giros comerciales donde se instalan estos dispositivos, no reportan su presencia a instancias federales como la Fiscalía General de la República.
Además, advirtió que estos espacios se convierten en focos de violencia, donde se presentan conflictos entre usuarios, robos y conductas delictivas asociadas a la necesidad de obtener dinero para seguir jugando. También los vinculó con fenómenos como la deserción escolar.
En paralelo, alertó sobre el crecimiento de otro delito en la región: la extorsión telefónica operada desde “call centers” clandestinos. Explicó que este esquema se nutre del robo de datos personales y utiliza diversas modalidades de engaño para obtener dinero de las víctimas.
El especialista reconoció operativos recientes contra estos centros, pero insistió en la necesidad de una estrategia coordinada entre autoridades municipales, estatales y federales para contener ambos fenómenos delictivos.
Finalmente, llamó a reforzar la prevención y vigilancia, al considerar que tanto las tragamonedas como la extorsión representan riesgos crecientes para la seguridad y el desarrollo social, especialmente entre jóvenes.
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