Este 23 de abril fue instalado en Guadalajara el Observatorio de Movilidad A.C., organismo ciudadano que analizará el sistema de transporte, dará seguimiento a decisiones públicas. En su arranque emitió una serie de recomendaciones dirigidas al gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, para mejorar el sistema de transporte, entre ellas ampliar la cobertura en zonas vulnerables, evaluar a operadores y garantizar accesibilidad.
Durante la presentación, advirtieron una caída sostenida en el uso del transporte público en los últimos años, mientras que el uso de motocicletas ha crecido más de 60 por ciento desde 2020, reflejando una pérdida de confianza en el sistema.
El presidente del observatorio, Enrique Dueñas, señaló que la movilidad enfrenta problemas estructurales como crecimiento urbano sin planeación, servicios insuficientes y condiciones inseguras para peatones y ciclistas. Indicó que este escenario ha provocado un cambio en los patrones de traslado, con mayor uso de opciones individuales que, si bien son más rápidas, implican mayores riesgos y contribuyen a la congestión y el desorden vial.
Como parte de su funcionamiento, el organismo informó que emitirá recomendaciones de manera mensual, con el objetivo de dar seguimiento constante a las problemáticas detectadas y proponer soluciones sustentadas.
El observatorio hizo un llamado a garantizar el servicio de transporte público en zonas vulnerables donde actualmente es limitado, irregular o inexistente, mediante la revisión de rutas, identificación de rezagos y diseño de soluciones acordes a las necesidades de la población, al considerar que la movilidad también es un factor de desigualdad.
Asimismo, planteó implementar un sistema integral de evaluación para los operadores del transporte público que incluya valoraciones psicológicas, capacitación, actualización continua y certificación de habilidades, con el objetivo de mejorar la calidad y seguridad del servicio.
También propuso crear un registro oficial, sistemático y actualizado de personas fallecidas y lesionadas en siniestros viales relacionados con la movilidad, junto con un protocolo de atención, seguimiento y acompañamiento a las víctimas y sus familias.
En materia de inclusión, señaló la necesidad de garantizar el derecho a una movilidad accesible, estableciendo que al menos el 25 por ciento de las unidades de transporte público cuenten con adecuaciones para personas con discapacidad, estándar que actualmente no se cumple de forma generalizada.
De igual forma, recomendó avanzar en la integración tarifaria y tecnológica del sistema, permitiendo hasta dos transbordos por viaje en distintos modos de transporte, además de asegurar el monitoreo en tiempo real de las unidades mediante GPS.
En cuanto al uso de recursos, pidió transparentar los criterios de asignación y operación de los fondos destinados a la movilidad, con información clara sobre subsidios y resultados, al advertir que la falta de claridad limita la confianza en el sistema.
Finalmente, propuso impulsar la creación de un instituto de movilidad con autonomía, encargado de diseñar y dar seguimiento a políticas públicas centradas en las personas y orientadas a garantizar un sistema seguro, eficiente y accesible.
CES
