La Organización de Invidentes Unidos de Jalisco (OIUJ) denunció que enfrenta un escenario adverso para acceder al programa Yo Jalisco 2026, Apoyo a las OSC, pues los requisitos administrativos y legales, lejos de facilitar la inclusión, terminan por colocar a la asociación en una posición de desventaja. A ello se suma su situación financiera: desde julio pasado arrastra adeudos superiores a 60 mil pesos, cifra que ha seguido creciendo.

Entre las principales limitantes se encuentra la obligación de regularizar su estructura jurídica, como la protocolización de asambleas y la actualización de su mesa directiva ante el Registro Público de la Propiedad y del Comercio (RPPyC), trámites que implican costos notariales y tiempos prolongados. Sin estos procesos, la organización no puede acreditar plenamente su representación legal, requisito indispensable para acceder al apoyo.

A la par persiste incertidumbre sobre su estatus en padrones institucionales como la Clave Asistencial estatal o el CLUNI federal, cuya vigencia no ha sido confirmada. La falta de claridad en estos registros se convierte en otro filtro que podría dejar fuera a la asociación, aun cuando mantiene trabajo activo en la entidad.

En el ámbito fiscal, la situación no es menos compleja. La desactualización de su representación legal ha dificultado cumplir con obligaciones ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), lo que impide obtener documentos clave como la opinión de cumplimiento o la constancia de situación fiscal, ambos exigidos en la convocatoria.

Otro de los puntos que complica su participación es la exigencia de presentar un proyecto ejecutivo formal, con presupuesto detallado y cotizaciones alineadas a las reglas del programa. Aunque la organización cuenta con diagnósticos sobre necesidades en infraestructura, educación y salud, aún no logra traducirlos en los formatos técnicos requeridos.

Si bien la OIUJ cumple con criterios como arraigo en Jalisco y ausencia de conflictos de interés, advierte que el conjunto de requisitos, particularmente los relacionados con formalidad jurídica, validación institucional y cumplimiento fiscal, opera en los hechos como un filtro que excluye a organizaciones con trayectoria social, pero con limitaciones administrativas.

De acuerdo con la propia asociación, en julio pasado notificaron adeudos por alrededor de 20 mil pesos en el servicio de agua ante el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa), así como cerca de 40 mil pesos con terceros por asesorías y servicios. Desde entonces la deuda ha seguido incrementándose debido a recargos y a la falta de recursos para cubrirla, lo que profundiza el rezago frente a los requisitos exigidos.

NH