El 22 de abril de 1992 tenía 18 años. Estaba en casa con dos hermanos menores y mi sobrino. El resto de mi familia en sus trabajos; mi mamá se encontraba en Tijuana y mi abuela cerca de la calle 20 de Noviembre, una de las que explotaron. Nací y crecí en el barrio de Analco.
A las 10 de la mañana escuchamos la explosión. Se fue la luz y se oía mucho alboroto en la calle. Subimos a la azotea y vimos una gran nube de polvo. Mi abuela regresó a casa y nos dijo que todo estaba “tronando”. Salimos y, en la esquina de Guadalupe Victoria y 20 de Noviembre, ya no había edificaciones. ¿Un tanque de gas estacionario? Fue lo único que se me ocurrió como explicación.
En medio del caos empezaron a llegar patrullas. Los vecinos reaccionaron de inmediato: ayudaban a sacar a quienes estaban bajo los escombros y buscaban a quienes faltaban. Las ambulancias tardaron en llegar; después los bomberos y militares, quienes nos pidieron desalojar las casas y retirarnos por el riesgo de nuevas explosiones, sin indicarnos a dónde ir, sólo que nos alejáramos de la zona.
Mi hermana mayor estaba en su negocio hacia la colonia Ferrocarril. Fue la primera en intentar llegar a buscarnos, pero no la dejaron pasar. Le dijeron que los cuerpos los estaban llevando al Code, que empezara su búsqueda por ahí. Mi mamá logró tomar un vuelo de Tijuana a Guadalajara; un taxi la acercó a la Plaza de la Bandera, le tomó más de cinco horas recorrer unas 10 cuadras hasta donde vivíamos. Le decían que todo se había derrumbado, que ya no quedaba nada, pero logró llegar y ver que la casa seguía en pie.
Quienes vivimos esa terrible experiencia tenemos fragmentos de memoria en común: Salinas de Gortari con un pegote del PRI visitando el área de la explosión, los trascabos entrando a las calles para retirar el escombro –con la posibilidad de que aún hubiera sobrevivientes–, Carlos Rivera Aceves tomando protesta como gobernador sin un zapato y la negligencia de autoridades como Cosío Vidaurri, que a pesar del fuerte olor a gasolina desde días antes, no dieron indicaciones para evacuar. La misa con decenas de cuerpos en el atrio de San Sebastián y la comunidad reunida para despedir a sus muertos.
La tragedia del 22 de abril mostró una Guadalajara solidaria. Los habitantes del barrio se hicieron cargo ante autoridades que no sabían cómo reaccionar. La organización vecinal emprendió una larga lucha por la reparación del daño, el derecho a la memoria y la verdad, la investigación oficial no logró responder a las exigencias de las víctimas ni sancionar a los responsables. Una cicatriz de dolor marcó los casi 10 kilómetros de las explosiones y emergió una sociedad crítica, consciente de que sólo la organización y la presión colectiva podían acercar la justicia a quienes resultaron afectados.
La memoria social es fundamental en la lucha contra la impunidad, a 34 años las afectaciones que persisten a las víctimas deben ser atendidas a la brevedad, a la vez que recordamos y honramos a quienes perdieron la vida en la tragedia.
NH
