Tras los recientes casos que apuntan a posibles nexos entre autoridades y el narcotráfico, el cardenal Francisco Robles Ortega sostuvo que en diversas zonas de México el crimen organizado ejerce un poder real, visible en la extorsión y la presión política.

Al ser cuestionado sobre señalamientos realizados por el gobierno de Estados Unidos en torno a presuntos vínculos entre autoridades y grupos criminales, el arzobispo consideró que dichas acusaciones probablemente se sustentan en investigaciones. Sin embargo, subrayó que en el contexto nacional no se trata de un fenómeno nuevo, sino de una situación que comunidades han experimentado durante años.

Explicó que esta influencia se manifiesta de manera cotidiana, particularmente a través del llamado “derecho de piso”, mediante el cual grupos delictivos amenazan y obligan a comerciantes y trabajadores a pagar cuotas para poder operar. Esta práctica, dijo, se ha mantenido como un reclamo constante de la población.

El cardenal también advirtió sobre la intervención del crimen organizado en procesos electorales. Señaló que ha tenido conocimiento de casos donde aspirantes a cargos públicos reciben amenazas para abandonar sus candidaturas, lo que abre paso a la imposición de perfiles afines a estos grupos.

Afirmó que estos elementos reflejan un poder estructural del crimen dentro de la sociedad, que llega a incidir en decisiones públicas en distintos municipios y estados.

Aunque evitó precisar el grado de responsabilidad de las autoridades, cuestionó la falta de consecuencias legales, al señalar que estos hechos no suelen traducirse en juicios ni sanciones conforme a la ley.

En cuanto a la extorsión, indicó que no existen señales de disminución. Por el contrario, expresó que el fenómeno mantiene la misma dinámica de presión y cobro, sin que la captura o muerte de líderes criminales haya generado cambios visibles en su operación.