Empresarios operadores de centros de verificación advirtieron en el Congreso de Jalisco que el programa “no ha fracasado por el modelo, sino por la falta de aplicación obligatoria”; frente a este panorama, plantearon retomar multas y restricciones para automovilistas incumplidos, pues afirman que varios verificentros están al borde del colapso económico. Insistieron que sin sanciones el sistema difícilmente alcanzará resultados ambientales reales.

Durante una mesa de trabajo realizada en el Congreso local, concesionarios del programa de verificación vehicular defendieron el funcionamiento técnico del esquema implementado en Jalisco y atribuyeron la baja participación ciudadana a la falta de mecanismos coercitivos que obliguen a los automovilistas a cumplir con el trámite.

Los empresarios aseguraron que desde la eliminación de sanciones y restricciones administrativas para quienes no verifican, los centros comenzaron a operar con pérdidas económicas, situación que, advirtieron, ya provocó dificultades financieras en distintos verificentros del estado.

De acuerdo con los operadores, el programa fue diseñado bajo una lógica de cumplimiento obligatorio y no voluntario, por lo que sostuvieron que la ausencia de consecuencias para quienes incumplen terminó debilitando tanto la viabilidad económica del sistema como sus objetivos ambientales.

Entre las medidas planteadas se encuentra el restablecimiento de multas, restricciones para realizar trámites vehiculares y otros mecanismos administrativos que incentiven el cumplimiento de la verificación responsable.

Los concesionarios insistieron en que el modelo implementado en Jalisco sí puede contribuir a mejorar la calidad del aire, pero señalaron que los resultados ambientales quedan limitados mientras gran parte del parque vehicular permanezca fuera del programa.

Además, advirtieron que el cierre de verificentros afectaría inversiones privadas, empleos y la cobertura del sistema en distintas regiones del estado, por lo que pidieron a diputados y autoridades estatales revisar ajustes normativos que permitan recuperar la operación obligatoria del programa.

La comisión legislativa continuará recibiendo opiniones de colectivos ambientalistas, autoridades estatales y especialistas antes de emitir conclusiones sobre posibles modificaciones al programa de verificación vehicular en Jalisco. 

CES