Ayer consiguió una nueva aprobación un dictamen que propone limitar el alojamiento temporal en plataformas digitales como Airbnb en Jalisco al establecer topes de renta para viviendas de corta estancia y permitir restricciones en colonias con alta presión inmobiliaria y turística.
La propuesta, presentada por la diputada Mariana Casillas Guerrero, se avaló en la Comisión de Planeación, Ordenamiento Territorial y de la Gestión del Agua y así continúa su ruta legislativa –ahora pasará a la Comisión de Puntos Constitucionales– en el Congreso estatal con el objetivo de regular el crecimiento de este tipo de hospedaje y contener sus efectos sobre el acceso a vivienda asequible en el Área Metropolitana de Guadalajara (AMG).
El dictamen plantea la creación de padrones obligatorios para inmuebles y plataformas digitales dedicadas al alojamiento temporal, además de establecer que las viviendas que no sean residencia principal de sus propietarios solo puedan rentarse un máximo de 180 noches al año. En zonas catalogadas con alta presión inmobiliaria o turística el límite se reduciría a 90 noches anuales.
La iniciativa también faculta a los municipios para identificar “áreas de impacto turístico” en colonias donde exista incremento acelerado de rentas, alta concentración de alojamientos temporales o acumulación de quejas vecinales. En esos casos podría solicitarse la suspensión de nuevos registros para hospedaje de corta estancia.
Entre las obligaciones previstas para propietarios se incluyen seguros de responsabilidad civil, mantenimiento preventivo y cumplimiento de normas de seguridad, mientras que las plataformas digitales tendrían que registrarse ante autoridades estatales y colaborar en tareas de supervisión y fiscalización.
Asimismo, se propone que las viviendas tengan al menos cinco años de antigüedad para operar bajo este esquema, medida con la que se busca evitar la especulación inmobiliaria ligada a nuevos desarrollos habitacionales.
La propuesta también plantea que la Secretaría de Turismo Jalisco (Secturjal) sería la autoridad responsable de verificar el cumplimiento de la regulación y aplicar sanciones económicas que irían desde multas hasta la cancelación temporal de registros en casos de reincidencia grave.
De acuerdo con la exposición de motivos, la reforma pretende equilibrar la actividad turística y el derecho de propiedad con el derecho humano a una vivienda adecuada y la preservación del tejido social en comunidades afectadas por procesos de turistificación y gentrificación.
jl/I
