Los constructores del fraccionamiento Puerta de Hierro, en Zapopan, deberán acreditar en un juicio que cumplieron con la entrega de áreas de donación del desarrollo, luego de que un juez federal admitiera una demanda por una acción colectiva difusa interpuesta por vecinos del lugar.
La admisión fue determinada el 4 de mayo por el juez décimosexto de distrito en materias Administrativa, Civil y del Trabajo, Rigoberto González Ochoa, quien ordenó la notificación a los demandados, que son los hermanos Armando, Raymundo, Alfonso y Guillermo Gómez Flores, la Universidad Autónoma de Guadalajara (UAG), la empresa Constructora e Inmobiliaria Las Margaritas, SA de CV, y a Scotiabank Inverlat “a fin de que se encuentren en aptitud de contestar la demanda en el término de 15 días”, contados a partir de la notificación.
Además, el juez ordenó que se fijen en los accesos al fraccionamiento Puerta de Hierro y en las oficinas administrativas de la Asociación de Condóminos un escrito con los puntos esenciales de la acción colectiva difusa.
El Diario NTR Guadalajara informó el 21 de diciembre del año pasado que el juez federal ordenó el aseguramiento del club Puerta de Hierro, ubicado en el fraccionamiento del mismo nombre, así como de las cuentas bancarias de los desarrolladores hasta por un monto de 500 millones de pesos (mdp) al considerar que las áreas de uso común del lugar no fueron las adecuadas.
Las cuentas aseguradas no cubrieron el monto referido, por lo que se sustituyeron por 63 bienes inmuebles propiedad de los hermanos Armando y Raymundo Gómez Flores, de la UAG y de Constructora e Inmobiliaria las Margaritas.
El fraccionamiento Puerta de Hierro comenzó a desarrollarse en 1987 por los hermanos Gómez Flores y la UAG. Los constructores entregaron áreas de donación al Municipio, pero al recibirlas el Ayuntamiento de Zapopan determinó que se ubicaban en áreas federales o en terrenos inútiles para áreas de uso común.
Los habitantes del fraccionamiento creían que las áreas de uso común estaban en el club, pero éste fue cerrado en 2018 con la intención de construir una torre de departamentos.
Al atender el caso a principios de este mes, el juez federal admitió la demanda por la acción colectiva difusa 22/2022 y la acumuló con la número 3/2023 en virtud de que se tratan del mismo asunto.
El juzgador también desechó recursos presentados por los demandados. En ellos pretendían señalar que ya había concluido el plazo en el que se podían emprender acciones legales por el tema de las áreas de uso común, entre otros puntos.
Ahora, los desarrolladores tendrán que acreditar que las áreas de donación no forman parte de cauces federales o reparar el daño que causaron a quienes compraron viviendas en el fraccionamiento.
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