La diputada morenista y presidenta de la Comisión de Estudios Legislativos y Reglamentos, Norma López Ramírez, acusó que aunque el dictamen que da origen a la fiscalía especializada en tortura se encuentra ya en manos del Ejecutivo estatal, su publicación oficial sigue pendiente pese a que el trámite legislativo concluyó desde hace semanas.

Explicó que el documento fue aprobado por el pleno y reenviado al Ejecutivo después de corregirse un error en la declaratoria de constitucionalidad, pues se omitió mencionar los artículos 35 y 35 Bis. 

“Fue una cuestión de forma, una coma que faltó. En cuanto se detectó, la Comisión de Puntos Constitucionales sesionó, se corrigió y se volvió a enviar al gobernador”, detalló.

La legisladora advirtió que el plazo constitucional de 20 días para publicar la minuta ya venció, por lo que responsabilizó directamente al Ejecutivo del retraso. “Si no se ha publicado es porque no quieren hacerlo. No hay justificación legal”, afirmó.

La diputada del partido Movimiento Regeneración Nacional (Morena) señaló que esta omisión impide que la nueva fiscalía inicie funciones y cuente con presupuesto propio, lo que afecta directamente a las víctimas. “Mientras no se publique, la fiscalía sigue dependiendo del fiscal general y son sus propios agentes los que investigan las denuncias de tortura. Eso perpetúa un sistema donde el torturador se investiga a sí mismo”, denunció.

Cuestionó también que desde el gobierno estatal se minimice el trabajo de los colectivos de derechos humanos que han impulsado la creación de esta fiscalía. “No dimensionan el impacto de esta omisión. No entienden el daño que se causa al no respetar los procesos constitucionales”, expresó.

La diputada advirtió que este retraso también frena otras reformas relacionadas con fiscalías especializadas en delitos contra mujeres y personas desaparecidas. “No podemos avanzar en esos dictámenes hasta que se publique la fiscalía antitortura”, subrayó.

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