Productores, académicos, abogados, estudiantes, organizaciones civiles y representantes de distintos sectores productivos alertaron que la propuesta de nueva Ley General de Aguas, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, representa un “foco rojo” para el país y podría derivar en una movilización nacional si no se alcanzan consensos y modificaciones al dictamen.
Los participantes en los foros organizados por Morena informaron que, al cierre de estos ejercicios, se registraron alrededor de mil propuestas —entre ponencias y documentos escritos— que, afirmaron, “deben ser escuchadas” antes de que avance la aprobación legislativa.
En paralelo, legisladores del PRI encabezaron foros alternos en diversas entidades, donde recibieron unas 500 propuestas adicionales con el mismo llamado: modificar la iniciativa presidencial. Durante el último encuentro, realizado este fin de semana en Aguascalientes, académicos, funcionarios y ciudadanos expresaron su preocupación, coincidiendo en que el proyecto de ley “representa un riesgo para el patrimonio de las familias”.
Agua contaminada y rezagos estructurales
En las audiencias de Morena en San Lázaro, especialistas y representantes sociales subrayaron que la situación hídrica del país es crítica:
- Más del 70% de ríos y lagos presentan altos niveles de contaminación.
- Nueve millones de personas carecen de acceso al agua potable.
- Once millones no cuentan con servicios de alcantarillado.
- 515 municipios no disponen de red de drenaje.
En ese contexto, recalcaron la urgencia de contar con una ley general que garantice el derecho al agua, mejore la calidad de vida y fortalezca la coordinación entre los tres órdenes de gobierno y la sociedad civil.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, advirtió que la nueva Ley de Aguas “despoja del patrimonio a campesinos, ganaderos, mineros, productores y usuarios”, al separar la tierra de la dotación de agua y convertir prácticas tradicionales del campo en eventuales conductas delictivas.
Moreira acusó además que los foros organizados por Morena se realizan principalmente en la Ciudad de México, sin escuchar directamente a las comunidades afectadas, mientras que su partido —aseguró— sí está recogiendo testimonios en los estados.
Los diversos sectores coinciden en que, si el gobierno federal y los legisladores no atienden las inquietudes surgidas en los foros oficiales y alternos, se convocará a movilizaciones en varias regiones del país para frenar la aprobación del proyecto tal como está planteado.
GR
