El 15 de noviembre pasado Ceci acudió a un encuentro cultural en la Galería Juan Soriano. Fotografías y videos dan cuenta de su visita en ese espacio, ubicado en la calzada Independencia, en la colonia Moderna. Al terminar sus actividades se dirigió al Centro de Guadalajara para tomar la Línea 3 en la Plaza de Armas, pero la estación estaba cerrada por la manifestación y ataques a algunos edificios. Mientras observaba lo que ocurría, se vio rodeada por policías que la convirtieron en una de los 40 adultos detenidos y enviados a Puente Grande.
Ceci no participaba en la manifestación, pero a los policías no les importaron sus explicaciones. Su caso se suma a otro que se documentó, el de Ángel Yael, el joven padre que aprovechó el buen fin para ir de compras al Centro con su familia y, al ser alcanzados por gases lacrimógenos, se quitó la camisa para proteger a su hija. Su torso desnudo fue para los elementos de seguridad una razón suficiente para llevárselo.
Es cierto que entre los 44 detenidos (cuatro adolescentes y dos adultos) había algunos que participaron en la manifestación, pero no todos en los ataques a los edificios. Pero eso no importaba. El ala dura del gobierno del estado consideró que era el momento oportuno para dejar en claro que esas acciones no se permitirán en Jalisco.
¿Dónde están esos consejeros de la mano dura? Son quienes llevaron a cabo una rápida y sigilosa investigación para informar al gobernador Pablo Lemus que había al menos 17 personas, plenamente identificadas, que vinieron de otros estados para causar disturbios. Algo muy parecido a la versión de la administración anterior de los “sótanos del poder”, en torno al 5J. En el gobierno del estado aseguran que esas voces salieron de la Secretaría General de Gobierno y de la Fiscalía del Estado.
Todo apuntaba a que en Jalisco podía escribirse una nueva historia negra. Como ocurrió el 28 de mayo (detención de altermundistas en 2004) o el 5 de junio (desaparición forzada de jóvenes en una manifestación en la Fiscalía del Estado en 2023).
Un día antes de la audiencia de los detenidos, desde el mismo despacho del gobernador Pablo Lemus surgió la versión de que se aconsejó al mandatario que se revisara cada caso en particular y se liberara a todos aquellos a quienes no pudiera acreditarse la participación en hechos violentos.
En el debate interno ya quedaba claro que no se podía sostener la versión de los 17 “foráneos” que llegaron a romper la tranquilidad del estado. Así lograron convencer al mandatario. Como resultado, se liberó a 32 detenidos, en cuyos casos no se pudo aportar ninguna prueba que los hiciera responsables de un delito.
En la entrevista posterior a la liberación, el gobernador fue cuestionado por el número de personas que quedaron detenidas: ocho frente a los 17 que él declaró. Aquí cabe la pregunta: ¿era mejor que el gobernador sostuviera su versión o que se cortara la narrativa y se evitara que inocentes se quedaran en la cárcel? Para mí, la segunda opción es la mejor.
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