El constitucionalista y catedrático universitario Francisco Burgoa calificó como altamente cuestionable y jurídicamente irregular el procedimiento mediante el cual se pretende concretar la salida del fiscal Alejandro Gertz Manero y el nombramiento de una nueva titular en la Fiscalía General de la República (FGR).
En entrevista para Informativo NTR, afirmó que el proceso constituye “una simulación” y un retroceso hacia un modelo de procuración de justicia subordinado al poder presidencial.
Francisco Burgoa recordó que, desde la reforma que sustituyó a la Procuraduría General de la República por una Fiscalía autónoma, se buscaba consolidar una institución “100% independiente”. Sin embargo, señaló que Gertz Manero nunca llegó con credenciales de autonomía plena y que su gestión estuvo marcada por dudas, falta de objetividad y una clara cercanía con el oficialismo, porque hubo procuración de justicia para los cercanos al poder y persecución para los adversarios.
El constitucionalista señaló que el documento enviado por Gertz Manero al Senado, en el que no renuncia, sino que comunica que se retirará del cargo para asumir una embajada no constituye jurídicamente una renuncia, pues no expresa una causa grave, que es un requisito indispensable según la ley. Tampoco fue sometido a discusión del Senado, como obliga el procedimiento.
Francisco Burgoa aseguró que este manejo irregular se trata de una estrategia para forzar su salida acelerada y allanar el camino para que Ernestina Godoy asuma la FGR, pese a que no goza de independencia del Poder Ejecutivo. Sostuvo que será la primera mujer en encabezar la Fiscalía, pero eso no garantiza autonomía, sino un fraude a la Constitución
El académico citó ejemplos de la actuación de la FGR que, a su juicio, evidencian un uso político de la procuración de justicia, como el manejo del caso del rancho Izaguirre, donde colectivos de buscadoras acusaron a la Fiscalía de adaptar el guion del gobierno federal para minimizar la gravedad de los hallazgos. Lo que calificó como un espectáculo de encubrimiento e impunidad.
También mencionó las investigaciones sobre el cártel de La Barredora y los presuntos vínculos con figuras políticas de Morena, particularmente con el senador Adán Augusto López, señalando que el relevo en la Fiscalía podría beneficiar a personas del oficialismo.
Francisco Burgoa también cuestionó duramente la reciente decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que permitió reabrir juicios concluidos, conocidos como cosa juzgada, en los que se presume que hubo engaños o pruebas falsas, aun cuando la legislación aplicable, como el Código de Comercio, no contempla dicha figura.
La Corte creó una vía que no existe en la ley. Esto abre la puerta a que el gobierno reabra sólo los casos que le convengan. En vez de buscar justicia.
Aunque reconoció que existen situaciones en las que una nulidad de juicio concluido podría ser necesaria, por ejemplo, cuando personas fueron encarceladas con pruebas fabricadas o despojadas de bienes mediante engaños, insistió en que no hay reglas claras y que la discrecionalidad puede convertir el mecanismo en un instrumento político.
GR
