La abogada ambientalista Raquel Gutiérrez Nájera, presidenta del Instituto de Derecho Ambiental (Idea) y una de las voces más reconocidas en la defensa del territorio en México, enfrenta un proceso penal que organizaciones civiles califican como un caso emblemático de criminalización y hostigamiento judicial contra defensores del medio ambiente.
Recientemente, el 18 de noviembre, el juez de distrito Rogelio León Díaz Villarreal dictó un auto de vinculación a proceso en su contra derivado de una denuncia interpuesta en 2019 por la empresa Inmobiliaria Lisco y Banco Azteca. El recurso surgió como represalia directa luego de que Gutiérrez Nájera en conjunto con la Asociación de Colonos de Bosques de San Isidro, AC, obtuviera en 2018 una suspensión definitiva para frenar el desarrollo inmobiliario Reserva Las Cañadas.
En rueda de prensa en la que estuvo Gutiérrez Nájera, ayer se explicó que ese proyecto inmobiliario no cuenta con manifestación de impacto ambiental y contraviene la densidad habitacional permitida en el Plan Parcial de Desarrollo Urbano ZPN-09 El Nixticuil, dada su cercanía con el Área de Protección Hidrológica del Bosque del Nixticuil, San Esteban y El Diente, así como con la barranca del río Santiago y el río Blanco.
El caso, descrito por especialistas como un SLAPP (Pleito Estratégico Contra la Participación Pública), ha estado marcado, según sus representantes legales, por irregularidades procesales, reactivaciones inexplicables del expediente y un actuar parcial por parte del juez.
Entre los puntos señalados destacan la denuncia sin sustento jurídico, basada en los mismos hechos ya analizados por un tribunal colegiado que había determinado que no constituían delito; la decisión contradictoria del juez; el reinicio del caso pese a que el Ministerio Público había archivado el expediente por falta de elementos y otros.
Ante ese escenario, colectivos que conforman la Red Metropolitana en Defensa de los Parques, Áreas Verdes, Cerros, Arroyos, Lagos, Barrancas y Bosques del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG), así como los observatorios ambientales Sur y Puerta Poniente, y pueblos y comunidades organizadas en defensa del territorio y medio ambiente, expresaron su preocupación por lo que consideran parte de un patrón de persecución contra quienes defienden el territorio en Jalisco y México.
Denunciaron además la existencia de un “cártel inmobiliario” protegido por autoridades estatales y exigieron frenar la criminalización de la activista.
Finalmente, la defensa de Gutiérrez Nájera y organizaciones demandaron la revocación del auto de vinculación a proceso en su contra, la revisión del amparo para revertir lo dictado por el juez quinto de distrito, una investigación a los jueces involucrados por actuaciones consideradas arbitrarias y la revisión de la actuación del Ministerio Público, a cargo de la nueva Fiscal General de la República.
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