El coordinador del observatorio ciudadano de la gestión del agua, Guillermo Márquez, expuso su descontento con la nueva Ley de Aguas.  

En primera instancia porque dicha normativa considera al agua como un recurso, no como un bien común.

Esto lleva a legitimar el agua como un producto sujeto a la lógica de mercado, donde mandata la ley de la oferta y la demanda, no el bienestar social.

“La disponibilidad del agua se subastará; es para quien presente el mejor proyecto y esto favorece a los grandes conglomerados. El acaparamiento no desaparece, se transforma bajo este mecanismo”.

Agrega que “es una trampa al derecho al agua que señala la Constitución: en las zonas urbanas están las empresas que compran la disponibilidad de los acuíferos; esto genera una desigualdad en comunidades indígenas, agrícolas y en el campo en general”.

Al final señaló que se desperdició la oportunidad de una legislación de vanguardia. equitativa y justa.

jc