Más de un mes después de la fecha límite del 15 de enero, la Comisión de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público del Congreso local aprobó reformas secundarias en materia de transparencia que crean la agencia de transparencia de Jalisco y redefinen el modelo de acceso a la información y protección de datos personales.

Para que sea una realidad, el dictamen aún debe ser discutido y votado por el pleno del Congreso.

La propuesta plantea la transferencia de funciones del extinto Instituto de Transparencia, Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Jalisco (Itei) a las contralorías internas de los poderes públicos y organismos autónomos, los cuales se convertirán en las nuevas autoridades garantes del derecho a la información.

Para el Poder Ejecutivo y los Municipios la Contraloría del Estado asumirá esta función mediante la creación de la “agencia de transparencia de Jalisco”. 

En el caso del Poder Legislativo, Judicial y los organismos autónomos, serán sus propios órganos internos de control los encargados de resolver los asuntos de transparencia. 

Los partidos políticos quedarán bajo la supervisión del Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC), mientras que los sindicatos serán vigilados por el Tribunal de Arbitraje y Escalafón y el Centro Federal de Conciliación.

El dictamen crea también el “subsistema estatal de transparencia” y un consejo consultivo ciudadano integrado por siete especialistas honoríficos, con funciones de seguimiento y asesoría en políticas públicas de rendición de cuentas.

La nueva ley mantiene la clasificación de la información en pública y protegida; incorpora la figura de “información con sentido social” y obliga a justificar toda reserva mediante una prueba de daño. Los plazos para responder solicitudes serán de ocho días hábiles y los recursos de revisión deberán resolverse en un máximo de 40 días.

En materia de protección de datos personales, se reconocen derechos digitales como la privacidad en línea y la portabilidad de datos, se crea la Agencia de Privacidad, Derechos Digitales y Protección de Datos Personales y se establecen medidas obligatorias de seguridad, evaluaciones de impacto y notificación de vulneraciones en un plazo máximo de 72 horas.

Otro dictamen reforma el artículo 9° de la Constitución Política del Estado de Jalisco para definir con claridad las autoridades responsables de garantizar la transparencia de los sindicatos que reciban recursos públicos. Estas funciones recaerán en el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral y en el Tribunal de Arbitraje y Escalafón del Estado.

El presidente de la comisión, Alejandro Barragán, estimó que el dictamen no se votará de inmediato, sino que podría ser discutido y aprobado en la próxima sesión ordinaria del pleno del Congreso del Estado de Jalisco, una vez que concluyan las negociaciones entre los distintos grupos parlamentarios.

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