El concepto de ‘purplewashing’ –traducido comúnmente como “lavado morado”– se utiliza en los estudios feministas y en el análisis crítico de las políticas públicas para describir la apropiación superficial del discurso de la igualdad sustantiva por parte de instituciones, gobiernos, empresas o actores políticos, sin que exista un compromiso real con la transformación de las estructuras que producen desigualdad o violencia contra las mujeres.
El término surge por analogía con otras expresiones críticas como ‘greenwashing’ en el ámbito ambiental o ‘pinkwashing’ en debates sobre derechos LGBTIQ+. En todos estos casos, el sufijo ‘washing’ alude a una estrategia de legitimación simbólica: se adopta un lenguaje progresista o una estética asociada a determinadas causas sociales para mejorar la imagen pública, pero sin modificar prácticas institucionales o políticas que perpetúan las problemáticas denunciadas.
En el caso del feminismo, el color morado –históricamente vinculado a las luchas de las mujeres y particularmente al Día Internacional de la Mujer– se ha convertido en un símbolo ampliamente reconocido. En el marco del 8 de marzo, numerosas instituciones públicas y privadas adoptan este color en campañas institucionales, eventos conmemorativos o iluminaciones de edificios emblemáticos. Si bien estas acciones pueden contribuir a visibilizar la agenda de igualdad de género, también pueden convertirse en prácticas de ‘purplewashing’ cuando se limitan a gestos simbólicos que no se traducen en cambios estructurales.
El problema central del ‘purplewashing’ radica en que desplaza el foco de atención desde las transformaciones sustantivas hacia la construcción de una imagen pública favorable. Cuando las instituciones se limitan a realizar actos conmemorativos o campañas discursivas sin implementar políticas efectivas para prevenir la violencia, reducir las desigualdades económicas o garantizar el acceso a la justicia, el feminismo corre el riesgo de convertirse en una etiqueta institucional vacía. En este sentido, el ‘purplewashing’ puede funcionar como un mecanismo de neutralización política: las demandas del movimiento feminista se incorporan al discurso oficial, pero se desactivan en su dimensión crítica y transformadora.
Este fenómeno tiene implicaciones importantes para la agenda feminista y para el diseño de políticas públicas. Por un lado, puede generar una percepción pública de avance o compromiso institucional que no necesariamente se corresponde con la realidad. Esto puede diluir la presión social necesaria para impulsar reformas profundas y limitar el alcance de las demandas de los movimientos de mujeres. Por otro lado, el ‘purplewashing’ puede obstaculizar la construcción de políticas públicas eficaces, ya que privilegia las acciones simbólicas sobre las intervenciones estructurales.
En el ámbito de la gobernanza pública, la igualdad sustantiva requiere políticas complejas, sostenidas y basadas en evidencia. Esto implica asignación de recursos, fortalecimiento institucional, coordinación interinstitucional y mecanismos de evaluación que permitan medir resultados. Sin embargo, cuando la agenda de género se reduce a campañas de comunicación o a actos conmemorativos, se corre el riesgo de sustituir la acción pública por gestos performativos.
En este contexto, es fundamental reconocer que no basta con iluminar edificios de color morado o emitir declaraciones institucionales cada 8 de marzo. Si bien estas acciones pueden tener un valor simbólico, la construcción de sociedades más igualitarias requiere procesos mucho más profundos. Lo verdaderamente relevante es generar espacios de diálogo entre instituciones, academia, organizaciones de la sociedad civil y colectivas feministas que permitan construir diagnósticos rigurosos y diseñar políticas públicas que respondan a las realidades que enfrentamos las mujeres.
*Doctora en Derecho
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