Una resolución judicial dejó sin efectos el juicio que derivó en el desalojo de integrantes de Invidentes Unidos de Jalisco A.C., al determinar que no se garantizó su derecho a la defensa al omitirse la intervención de la Procuraduría Social. El fallo anula el sustento legal del lanzamiento, elimina el riesgo de desalojo y reabre la ruta para regularizar la posesión del inmueble, propiedad estatal.

El apoderado legal de la asociación, José Antonio García, explicó que el conflicto se remonta al 24 de mayo de 2024, cuando fueron desalojados del inmueble. Posteriormente, el 18 de abril de 2025, recuperaron la posesión por cuenta propia e iniciaron una defensa pública del caso.

Detalló que, tras la intervención de la diputada Morenista Itzul Barrera, se promovió un exhorto para que el Gobierno del Estado asumiera la defensa legal, al tratarse de un inmueble de su propiedad otorgado en comodato a la organización desde 1980, formalizado en 1994.

A partir de ello, la Consejería Jurídica y la Procuraduría Social fueron requeridas para intervenir. Esta última promovió meses después un incidente de nulidad de notificaciones, al considerar que no fue llamada a defender a la asociación pese a tratarse de un grupo vulnerable.

La resolución judicial les dio la razón: el juzgado determinó que el proceso original careció de validez, por lo que el juicio quedó sin efectos.

“Judicialmente, nunca debieron lanzarnos”, sostuvo García, al señalar que una particular, identificada como Ignacia Montes Pérez, promovió el desalojo sin tener derechos sobre la propiedad, que pertenece al Estado.

Pese al fallo favorable, aclaró que la certeza jurídica aún no es total. Explicó que el comodato vigente presenta irregularidades, ya que excede el periodo permitido sin aval del Congreso estatal.

Por ello, la organización busca concretar un nuevo acuerdo por 99 años, el cual deberá ser firmado por el gobernador y aprobado por el Poder Legislativo.

Sobre este proceso, indicó que ya han sostenido acercamientos con autoridades estatales y perciben disposición para avanzar, ahora que el riesgo jurídico derivado del juicio quedó eliminado.

En paralelo, la asociación enfrenta las consecuencias del desalojo, que incluyó la pérdida de equipo y el desmantelamiento de sus instalaciones. Aunque el Congreso estatal les prometió recursos en el presupuesto de 2026, estos aún no se han concretado.

García criticó además que los mecanismos actuales de acceso a apoyos, a través de la Secretaría de Asistencia Social, resultan inaccesibles y revictimizantes, al no contemplar formatos adecuados para personas con discapacidad visual.

Finalmente, adelantó que interpondrán acciones legales contra la particular que promovió el desalojo, a quien demandarán por daño moral y afectaciones económicas a más de 120 integrantes de la organización, en su mayoría personas invidentes.

CES