Con un promedio de 238 llamadas diarias al C5 por casos de violencia de género y picos recientes de hasta 1,551 denuncias mensuales por violencia familiar, la presión sobre las corporaciones policiales en Jalisco se mantiene constante. Este escenario ha llevado a las autoridades estatales a plantear el programa “Estrategia ALE”, orientado a reforzar a las policías municipales con recursos económicos, equipamiento y mejoras institucionales.

De acuerdo con el dictamen, el Escudo Urbano C5 Jalisco, entre 2021 y 2025 se registró un promedio anual de 87,088 llamadas de emergencia relacionadas con violencia de género, lo que equivale a 238 reportes diarios; en paralelo, las denuncias por violencia familiar han mostrado un promedio mensual de 1,051 casos en 2021 a 1,145 en 2022 y alcanzar su punto más alto en 2023 con 1,408 denuncias al mes, para luego descender a 1,212 en 2024, mientras que al cierre de 2025 la Fiscalía Estatal reportó 12,316 carpetas de investigación, lo que representa un promedio de 1,026 denuncias mensuales.

Frente a este panorama, el programa estatal establece un esquema de apoyo económico en una sola exhibición para municipios y sus comisarías.

El modelo contempla tres destinos de inversión. El primero, “Creación”, está dirigido a municipios que participan por primera vez y busca la conformación de Unidades Especializadas Policiales para la Atención de Mujeres Víctimas de Violencia (UEPAMVV), con montos que van de 300 mil a 800 mil pesos.

El segundo, “Continuidad”, está enfocado en municipios que ya han recibido recursos previamente y requieren reforzar sus unidades, con apoyos de 300 mil a 700 mil pesos, bajo la condición de no duplicar adquisiciones y justificar gastos anteriores.

El tercer rubro, “Fortalecimiento prioritario”, se dirige a municipios con mayor incidencia de violencia familiar, igual o superior al 3% en 2025, y contempla montos de 600 mil a 1.2 millones de pesos, con el objetivo de intensificar la respuesta institucional.

En los casos de continuidad y fortalecimiento, los municipios deberán presentar un informe que acredite avances en la actualización de normas municipales, implementación de programas de protección a mujeres y asignación de recursos propios a estas unidades.

Los subsidios deberán destinarse a robustecer el estado de fuerza policial, incluyendo la adquisición de uniformes, compra o rehabilitación de patrullas, mejora de instalaciones, equipamiento tecnológico, campañas de difusión y, en algunos casos, dispositivos de geolocalización para el monitoreo de víctimas.

El esquema también obliga a los municipios a aportar recursos propios: al menos el 40% del monto total en el caso de creación y 50% en continuidad y fortalecimiento, lo que puede incluir gastos operativos como sueldos, combustible, viáticos e infraestructura tecnológica.

Para acceder a los recursos, los ayuntamientos deben cumplir con una serie de requisitos administrativos y normativos, como la aprobación en cabildo, la designación de enlaces operativos y financieros, la existencia de reglamentos municipales en materia de violencia de género, así como la presentación de un proyecto técnico.

Además, deberán garantizar congruencia entre la documentación digital y física, ya que cualquier inconsistencia o incumplimiento puede derivar en la cancelación inmediata del apoyo.

CES