Rezagos en justicia alternativa, fallas en la localización de personas desaparecidas, alta percepción de corrupción y retrocesos en la denuncia digital son las principales debilidades de Jalisco en el cumplimiento del Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 16 de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), de acuerdo con una investigación de Javier Alberto García-González que analiza el acceso real a la justicia en el estado.
El estudio parte de una contradicción central: aunque existen avances legales y administrativos, los resultados no son homogéneos ni plenamente verificables. Esto se debe en gran medida a que las dependencias estatales y municipales operan bajo marcos conceptuales distintos y, en ocasiones, con objetivos políticos divergentes, lo que complica la evaluación integral del desempeño gubernamental.
Uno de los principales hallazgos tiene que ver con el portal Monitoreo de Indicadores del Desarrollo de Jalisco (Mide), en el que el gobierno presenta indicadores vinculados a la Agenda 2030; sin embargo, el análisis detectó fallas importantes: ausencia de metas actualizadas, incluso a mediados de 2025, y una desconexión con el Plan Nacional de Desarrollo 2025-2030. Esta situación limita la transparencia y dificulta conocer el estado real de los avances, según García-González.
En cuanto a resultados, el estudio señala que, pese a reportes cercanos al 100 por ciento en algunos indicadores, existen áreas críticas con rezagos notorios. La justicia alternativa apenas alcanza un cumplimiento del 50 por ciento, mientras que en rubros como seguridad y derechos humanos se mantienen tendencias preocupantes, particularmente en la localización de personas desaparecidas y en los procesos judiciales relacionados con abuso sexual infantil. A ello se suma una alta percepción de corrupción en jueces, ministerios públicos y procuradurías, lo que debilita la confianza ciudadana.
Otro punto relevante es el retroceso en la digitalización de la justicia. La investigación documenta que Jalisco ha reducido las opciones para presentar denuncias en línea, pasando de cuatro tipos de delitos en 2018 a menos en la actualidad, lo que contrasta con modelos internacionales más avanzados que amplían estos mecanismos para agilizar procesos y reducir cargas institucionales.
A nivel municipal el estudio identifica una falta de homogeneidad en la planeación de los 125 ayuntamientos. Mientras Municipios como Zapopan adoptan enfoques más orientados a las demandas ciudadanas, otros como Guadalajara priorizan esquemas administrativos con menor participación social. Esta disparidad impide establecer métricas comunes y evaluar de manera uniforme el desarrollo estatal.
Como conclusión, la investigación plantea la necesidad de fortalecer la rigurosidad metodológica en la medición de resultados, unificar criterios entre instituciones y Municipios, e incorporar a las juventudes en la toma de decisiones. Solo mediante estos ajustes, advierte García-González, será posible avanzar hacia instituciones sólidas que garanticen un acceso efectivo a la justicia en Jalisco.
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