El cardenal de Guadalajara, Francisco Robles Ortega, pidió al gobierno de México “abrir los ojos” ante la crisis de desapariciones que atraviesa el país y a la par consideró que el informe al respecto de la Organización de las Naciones Unidas no acusa directamente al Estado, sino que evidencia la falta de capacidad institucional para enfrentar el problema.
Además, cuestionó que en el contexto del Mundial se pretenda limitar la visibilidad de los colectivos de búsqueda, por lo que defendió su derecho a manifestarse y urgió a las autoridades a investigar “hasta las últimas consecuencias” los indicios de restos humanos en el Rancho Izaguirre señalados por madres buscadoras.
Ayer, tras la misa dominical, Robles Ortega matizó que el informe del Comité de las Naciones Unidas contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) no debe interpretarse como una acusación directa contra el Estado mexicano de promover desapariciones.
Explicó que, a su juicio, la observación internacional apunta a la ausencia de estructuras legales y logísticas eficaces que permitan agilizar la búsqueda de personas desaparecidas y brindar respuestas a las familias. Subrayó que el fenómeno es complejo y no necesariamente atribuible de forma directa a autoridades, pero sí evidencia fallas en la respuesta del Estado.
“El problema está ahí y no se puede negar”, sostuvo el líder religioso, quien consideró que rechazar el informe limita la posibilidad de cooperación y de encontrar soluciones conjuntas, al tiempo que llamó al gobierno a reconocer la gravedad de la situación y aceptar el acompañamiento internacional.
Sobre la posibilidad de que en el contexto del Mundial de Futbol 2026 se intente inhibir la visibilidad de colectivos de familiares de desaparecidos, el cardenal señaló que este derecho debe ejercerse con respeto, pero no puede ser restringido bajo argumentos de conveniencia política o económica.
En referencia a denuncias recientes de colectivos sobre la existencia de restos humanos en el Rancho Izaguirre, Robles Ortega consideró que los indicios señalados por madres buscadoras deben ser atendidos con seriedad.
Afirmó que si se permitió el acceso de los colectivos y estos detectaron evidencias, corresponde a las autoridades profundizar las investigaciones hasta esclarecer completamente lo ocurrido. “Descubrir al 100 por ciento lo que hay ahí” y aplicar la ley, dijo, debe ser la prioridad.
Finalmente, al ser cuestionado sobre la pertinencia de que México sea sede de eventos como el Mundial en medio de un contexto de violencia e inseguridad, Robles Ortega señaló que este tipo de decisiones no son consultadas con la ciudadanía.
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