A 34 años de las explosiones ocurridas en el sector Reforma de Guadalajara, sobrevivientes y familiares de las víctimas reiteraron sus exigencias de verdad, reparación integral del daño y reconocimiento pleno de sus derechos.
La Asociación 22 de Abril recordó que ese día de 1992 una serie de explosiones en el sistema de drenaje provocó la destrucción de calles y viviendas. Como resultado, cientos de personas fallecieron, fueron lesionadas o damnificadas.
A más de tres décadas del suceso, los afectados señalan que las consecuencias siguen vigentes. De acuerdo con los testimonios de sobrevivientes, días antes de la tragedia existían reportes sobre la presencia de combustible en el alcantarillado, sin embargo, acusan que autoridades de los tres niveles de gobierno no actuaron de manera oportuna para prevenir el siniestro.
Tras los hechos, señalan, la respuesta institucional fue insuficiente y, en algunos casos, orientada a minimizar la magnitud de lo ocurrido. También afirman que hubo personas fallecidas que no fueron plenamente identificadas.
Relataron que, como resultado de la presión social, se constituyó un fideicomiso con el objetivo de otorgar apoyos económicos, pensiones y atención médica a los afectados no obstante, beneficiarios del fideicomiso sostienen que, con el paso de los años, las condiciones de apoyo se han modificado en su perjuicio.
En particular, señalaron que en 2023 el cambio en el cálculo de pensiones, de salarios mínimos a Unidad de Medida y Actualización (UMA), impactó negativamente sus ingresos, aunque posteriormente se realizaron ajustes.
Agregaron que actualmente, un grupo de víctimas ha emprendido acciones legales mediante juicios de amparo. Entre sus principales demandas están el acceso a una verdad histórica sustentada técnicamente, la reparación integral del daño, el reconocimiento como grupo vulnerable y la garantía de recursos suficientes para el fideicomiso.
Asimismo, buscan que se reconozcan derechos para familiares de víctimas, como viudas, viudos e hijos con discapacidad, así como para personas lesionadas.
Los casos, agregaron, se encuentran actualmente en revisión en instancias federales, donde magistrados deberán resolver sobre el alcance de los derechos reclamados.
Por su parte, las autoridades han sostenido que las obligaciones han sido atendidas conforme a lo establecido, postura que ha sido cuestionada por las personas afectadas.
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