A través de acuerdos legislativos, las bancadas del PAN, PRI, Morena y PT en el Congreso de Jalisco exigieron acciones inmediatas al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (SIAPA) para atender la crisis por la mala calidad del agua, que van desde estudios técnicos, compensaciones y revisiones a su operación.
La bancada del PAN exhortó a la Junta de Gobierno del SIAPA a identificar con precisión las colonias afectadas por el mal olor en el agua potable, particularmente en la zona abastecida por la planta potabilizadora de Miravalle. Buscan que las y los usuarios accedan a descuentos en su recibo, siempre que lo soliciten y exista un dictamen técnico de la Dirección de Abastecimiento y Operación.
Por su parte, Morena exige al organismo operador la realización de estudios físicos, químicos, microbiológicos y bacteriológicos del agua en cada colonia abastecida por la planta Miravalle. Los resultados deberán entregarse al Congreso en un plazo de 30 días naturales y comprobar si el líquido cumple con la NOM-127-SSA1-2021.
Compensar económicamente a usuarios afectados de manera proporcional al tiempo que recibieron agua de mala calidad, e incluso condonar pagos si persiste la problemática.
Desde el PRI, la propuesta se centra en impulsar el plan denominado “SIAPA 2.0”, que contempla 18 acciones para mejorar la gobernanza, operación y administración del sistema. Entre ellas, destaca la creación de una mesa permanente de trabajo, la asignación de recursos y la obligación de transparentar avances mediante un micrositio digital que informe sobre quejas, acciones, inversiones y campañas de concientización.
En paralelo, el legislador Sergio Martín Castellanos planteó endurecer la fiscalización del organismo al solicitar que auditorías externas del SIAPA sean revisadas por la Contraloría del Estado, mientras que la Auditoría Superior deberá realizar inspecciones financieras y legales para deslindar responsabilidades.
También pidió a la Fiscalía Anticorrupción informar sobre el avance de denuncias relacionadas con presunto mal manejo de recursos y deficiencias en el servicio.
La propuesta incluye además la comparecencia de autoridades ante el Congreso, la creación de una comisión legislativa especial de seguimiento y la instalación de una mesa interinstitucional para armonizar la legislación local con la Ley General de Aguas. Asimismo, se plantea reforzar la coordinación entre el estado y los municipios para garantizar inversión en infraestructura hidráulica y asegurar el derecho humano al agua.
Estos acuerdos fueron aprobados por mayoría simple en la sesión ordinaria del 28 de abril.
CES
