Con 28 votos a favor y tras casi un año de discusión legislativa del caso Eli Castro, el Congreso del Estado aprobó reformas para obligar a que directivos y personal técnico del Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) y organismos paraestatales acrediten experiencia profesional y perfiles especializados antes de ser contratados.

La iniciativa, impulsada por las diputadas Mariana Casillas Guerrero y Valeria Ávila Gutiérrez, surgió luego de que NTR diera a conocer que Elizabeth Castro Cárdenas fue contratada como asesora técnica de la Dirección General del Siapa con un salario superior a los 70 mil pesos mensuales pese a no contar con formación técnica en materia hídrica. Poco después de la publicación ya no se le renovó el contrato en el Siapa a la conductora del programa musical ‘Qué quiere la banda’. 

La iniciativa avalada modifica el artículo 23 de la Ley de Entidades Paraestatales para establecer que las direcciones generales deberán verificar que las personas propuestas para cargos inmediatos inferiores acrediten el perfil técnico y profesional requerido.

Asimismo, la reforma modifica el artículo 14 de la ley que regula al Siapa para obligar a que los nombramientos directivos y técnicos cumplan con el perfil profesional y la experiencia establecidos en el catálogo de puestos del organismo.

Mariana Casillas señaló que la modificación busca “blindar” tanto al Siapa como a todos los organismos públicos descentralizados del estado para evitar que vuelvan a repetirse contrataciones discrecionales. Explicó que los perfiles deberán acreditar al menos cinco años de experiencia en las áreas que dirigirán, además de presentar un currículum verificable.

La legisladora sostuvo que, una vez publicada la reforma en el periódico oficial del estado, ya no podrán realizarse contrataciones “a discrecionalidad” en los organismos paraestatales; a la par afirmó que el Siapa “no deberá ser otra agencia de colocación para el gobierno en turno”.

Casillas agregó que permanece pendiente otra iniciativa relacionada con auditorías externas periódicas a organismos públicos para detectar posibles irregularidades y revisar casos similares. Esta propuesta aún no ha sido votada en el Congreso local.

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