La diputada local de Morena, Candelaria Ochoa, denunció un posible conflicto de interés por parte de la contralora del Congreso de Jalisco, al asegurar que continúa actuando como apoderada legal de una empresa constructora que obtuvo contratos de obra pública mientras ocupaba el cargo.

La legisladora afirmó que la funcionaria firmó contratos relacionados con obras de pavimentación, entre ellas trabajos en la zona de la presa El Zapotillo, y señaló que existen múltiples licitaciones otorgadas a la empresa con montos millonarios. Indicó que el caso es delicado debido a que la contralora tendría acceso a información privilegiada y podría influir de manera discrecional en la asignación de contratos.

Candelaria Ochoa explicó que la actual contralora fue asesora del diputado panista Julio Hurtado y sostuvo que su nombramiento formó parte de acuerdos políticos al interior del Congreso. Consideró que la situación podría configurar delitos relacionados con conflicto de interés y uso indebido de información privilegiada.

La diputada también cuestionó si la funcionaria expuso formalmente su relación con la empresa en su declaración patrimonial y de intereses, al recordar que, como contralora, es la responsable de supervisar que los servidores públicos cumplan con esa obligación.

Reforma a la ley vicaria en Jalisco

En otro tema, Candelaria Ochoa celebró que el gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, finalmente publicara la reforma sobre violencia vicaria que había sido aprobada desde marzo por el Congreso local. Explicó que la modificación incluye cambios al Código Penal, al Código Civil y a la Ley Estatal de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia.

La legisladora señaló que la reforma reconoce la violencia vicaria como una agresión que afecta principalmente a mujeres madres, aunque no excluye a hombres, y destacó que busca proteger los derechos de los niños frente a las disputas familiares y procesos judiciales.

Finalmente, Candelaria Ochoa advirtió que las diputadas impulsoras de la reforma vigilarán la actuación del Poder Judicial en la aplicación de la nueva legislación, debido a que todavía existen casos donde, pese al reconocimiento legal de distintos tipos de violencia, las resoluciones judiciales continúan afectando los derechos de las mujeres y de los niños.

GR