El director del Departamento de Estudios Sociopolíticos y Jurídicos del Laboratorio para el Estado de Derecho e Incidencia Pública, Marcos del Rosario Rodríguez, aseguró que los cambios realizados a la reforma judicial representan un intento de corregir errores derivados del modelo original de elección popular de jueces y magistrados, pero no corrigen los problemas de fondo.

El especialista explicó que la reforma confirmó las deficiencias de la elección judicial, al señalar que el voto popular pone en riesgo la independencia e imparcialidad de las personas juzgadoras, además de dejar de lado la carrera judicial y el mérito profesional.

Marcos del Rosario destacó que la ampliación de plazos para la elección de 2028 y la creación de comités evaluadores con criterios uniformes representan un avance frente al esquema previo, donde bastaban requisitos mínimos como promedios académicos y recomendaciones vecinales para aparecer en las boletas.

Sin embargo, advirtió que los cambios no resuelven el problema de fondo, ya que se mantiene la elección popular de jueces y magistrados. Además, alertó que los nuevos comités evaluadores concentrarán un enorme poder y podrían actuar con sesgos políticos dependiendo de quiénes los integren.

El académico sostuvo que la legitimidad del Poder Judicial no se obtiene mediante elecciones, sino a través de sentencias apegadas al derecho. Señaló que algunos funcionarios electos en procesos anteriores renunciaron al descubrir la carga de trabajo y la complejidad técnica de los cargos, mientras que otros han evidenciado falta de experiencia y conocimientos jurídicos.

Asimismo, afirmó que la reforma generó rezagos, incremento de apelaciones y problemas de operación tanto en los tribunales lo que podría derivar en un colapso del sistema de justicia.

Respecto al argumento de combatir la corrupción judicial, Marcos del Rosario consideró que se construyó una narrativa exagerada sobre un supuesto sistema completamente corrompido, sin que existieran suficientes casos que demostraran una corrupción generalizada.

Finalmente, el especialista señaló que la ampliación de plazos permitirá corregir algunos errores operativos y elevar los filtros de evaluación, aunque insistió en que las fallas estructurales de la reforma permanecen intactas y podrían afectar durante años el funcionamiento del Estado de derecho en México.