Una iniciativa presentada en el Senado de Estados Unidos busca colocar al robo y contrabando de combustibles en el centro de la estrategia de seguridad contra los cárteles mexicanos, al señalar directamente al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), al Cártel de Sinaloa y a otras organizaciones criminales como actores de una red multimillonaria de tráfico ilegal de hidrocarburos.
El proyecto, denominado “Stop Fueling Cartel Violence Act”, fue promovido por el senador republicano John Cornyn y la demócrata Jacky Rosen. La propuesta plantea que grupos criminales mexicanos desarrollaron operaciones de gran escala para robar petróleo crudo, gasolina y diésel a Petróleos Mexicanos (Pemex), mediante tomas clandestinas, asaltos a refinerías, secuestro de pipas y corrupción de funcionarios y trabajadores.
De aprobarse, la iniciativa obligaría al Departamento de Defensa de Estados Unidos a entregar un informe al Capitolio sobre el impacto del robo de combustibles en la violencia criminal en México y las posibles estrategias para combatir este delito.
El documento retoma información del Departamento del Tesoro estadounidense para sostener que el robo de hidrocarburos se convirtió en la fuente de ingresos ilícitos no relacionada con drogas “más significativa” para los cárteles mexicanos.
Además, señala que las organizaciones criminales utilizan empresas fachada y esquemas de lavado de dinero para mover las ganancias derivadas del llamado huachicol fiscal.
La propuesta también vincula de forma explícita el tráfico de combustibles con grupos ya catalogados por Washington como organizaciones terroristas extranjeras, entre ellos el CJNG, el Cártel de Sinaloa, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste. El texto recuerda que esas designaciones fueron formalizadas por el gobierno estadounidense en febrero de 2025.
Según la iniciativa, el negocio del combustible robado no sólo financia actividades criminales en México, sino que también fortalece las redes de tráfico de fentanilo hacia Estados Unidos. Incluso cita declaraciones del Departamento del Tesoro que describen el robo de hidrocarburos como una de las principales “vacas lecheras” financieras del CJNG.
El proyecto también pone presión sobre Pemex y el gobierno mexicano al señalar que el robo de combustibles alcanzó niveles históricos durante 2024.
De acuerdo con las cifras citadas en el documento, el año pasado fueron sustraídos cerca de 987 millones de litros de combustible, casi el triple de lo reportado en 2019. Asimismo, menciona estimaciones independientes que calculan pérdidas cercanas a 24 millones de dólares diarios derivadas del contrabando y la evasión fiscal relacionada con el huachicol.
Otro de los puntos relevantes es que la iniciativa acusa que parte del petróleo robado cruza la frontera hacia Texas bajo etiquetas falsas como “aceite residual” o materiales peligrosos.
Según el texto, las redes criminales emplean intermediarios mexicanos y empresas importadoras estadounidenses para introducir el crudo ilícito en regiones como el Valle del Río Grande, Eagle Ford y la Cuenca Pérmica.
Aunque la propuesta no contempla acciones militares directas, sí instruye al Pentágono a elaborar un informe sobre el uso de capacidades de vigilancia, inteligencia y monitoreo fronterizo para combatir el tráfico de hidrocarburos.
GR
