Suprema Corte Popular

Al día siguiente (y los sucesivos) de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con relación a la inconstitucionalidad del decreto de la primera parte del plan B, promovida por partidos de oposición, determinó la invalidez del decreto del 27 de diciembre de 2022 (por violaciones graves al proceso legislativo), por una mayoría de nueve votos a favor y dos en contra, el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) montó en cólera y profirió una serie de improperios contra los ministros que votaron en contra de su iniciativa.

Si bien la animadversión de AMLO hacia la SCJN no es nueva, en esta ocasión increpó en ofensas inapropiadas para un jefe de Estado. Recordemos que en otra fecha había prohibido que sus subalternos tomaran llamadas provenientes de la SCJN. Ahora, por haberse pronunciado contra su plan B, increpó que “no tiene remedio el Poder Judicial, está podrido, están actuando de manera facciosa... están al servicio de una minoría rapaz que se dedicó a saquear al país”.

Los insultos y la falta de veracidad de AMLO en las mañaneras son proverbiales. Después de tantas mentiras, otra más ya no importa. Un impromptu en estos días ha sido al menos tres cuestiones: una, la elección de los ministros de la SCJN; otra, el plan C para buscar la mayoría calificada; y, por último, las iniciativas de carácter preferentes. Con relación a la primera, afirmó que en la Constitución de 1957 los ministros de la entonces Corte Suprema de Justicia se elegían de manera popular. Falso: el artículo 92 establecía que la elección de los ministros “será indirecta”.

Segunda: la estrategia del plan C es obtener, a través de las urnas en las elecciones de 2024, la mayoría calificada en ambas cámaras del Congreso para poder realizar enmiendas a la Constitución sin que la oposición lo impida. El 66 por ciento de 500 diputados son 330. De acuerdo con la Constitución, “ningún partido político podrá contar con más de 300 diputados”. Entonces nunca tendrán mayoría calificada, salvo que se coaligue con algún otro partido o partidos para lograrlo.

Tercero: el presidente advierte que, en vista de la derrota del plan B por el SCJN, la primera iniciativa que presentará –insiste que en septiembre– sino en agosto cuando sea el primer período de sesiones (Art. 66) cuando haya nuevo presidente de la República. De cualquier manera, como “trámite preferente”, ninguna iniciativa podrá tener este carácter cuando se adicione o reforme la Constitución.

La idea recurrente de hiperdemocracia u oclocracia (tiranía de la mayoría) ha estado presente en el gobierno de la 4T: se pretende que se vote por los ministros de la SCJN; por los consejeros del Instituto Nacional Electoral; y hasta que la designación del rector de la UNAM sea a partir de una elección popular. Anteriormente ya se ha intentado con las desairadas consultas populares (juicio a ex presidentes, revocación de mandato, aeropuerto de Texcoco, Constellation Brands). Además de imprácticas, las consultas y las elecciones son costosas (solo deben ser usadas en asuntos relevantes para la nación). Son más fructíferos los parlamentos abiertos, los foros de expertos, aunque en tiempos de “no cambiar ni una coma” se desestimen las propuestas ahí vertidas y se han convertido en “diálogos de sordos”.

Un gobierno o administración que se sustenta en personajes populares y no en expertos o especialistas de seguro marchará al desastre (los mejores ejemplos son el Insabi, que dejaron a cargo a un antropólogo; o Pemex, a un agrónomo). El electorado mexicano no es una masa amorfa y homogénea a la que se le puede acarrear con barruntos frenéticos… ¿o sí?

Twitter: @ismaelortizbarb

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